Un instructivo de la Jefatura de Recursos Humanos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prohíbe a los funcionarios de ese órgano del Estado usar ropa informal e indiscreta —como jeans, minifaldas y blusas con escotes— en horas de trabajo.

El documento 065/2017, fechado el 17 de julio de 2017 en Sucre, “reitera” la “obligación” que tienen todos los servidores públicos que trabajan en esa dependencia de “concurrir a la institución los días hábiles de trabajo con vestimenta formal y discreta”.

La instructiva detalla, además, 11 prendas cuyo uso está prohibido en instalaciones del TCP entre lunes y jueves: “jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, calzas, chamarras, chamarras de cuero, poleras, minifaldas, blusas transparentes y escotes, vestidos cortos y zapatillas (inclusive el viernes)”.

La disposición aclara que se respetará la vestimenta del personal que pertenece a una nación y pueblo indígena originario campesino, pero recalca que estos funcionarios deben “en el día” apersonarse a la Unidad de Recursos Humanos del TCP para registrar su indumentaria originaria, “para fines de control”, dice una nota de La Razón.

La Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en 2010, define como un acto de “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en distintas razones, como la vestimenta, que “tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y el derecho internacional”. Sin embargo, “no considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa”.

La Razón intentó comunicarse con el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, para conocer su posición respecto al documento, pero la autoridad no contestó su celular.

La instructiva indica, asimismo, que, “de manera excepcional”, se permitirá al personal asistir los viernes con ropa informal (jeans y polera institucional) y advierte que el incumplimiento a las disposiciones contempladas en el documento “dará lugar a la aplicación de sanciones, además de que no se permitirá” el ingreso de estos servidores públicos a la institución.
La Razón publicó el 16 de mayo que la Dirección Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación registró 83 denuncias en cinco meses, es decir, cinco por semana. Los espacios donde se da más discriminación son el sector de educación y la administración pública.