Desde su campaña electoral, Rodrigo Duterte, actual presidente de Filipinas, prometió una guerra contra el narcotráfico. Después de reconocer que no le importan los derechos humanos y que su estrategia contra las drogas se basa en "disparar a matar", el controvertido mandatario ha revelado una lista de 159 cargos públicos a los que acusa de estar vinculados con el narcotráfico y a los que les ha dado un ultimátum: "Tenéis 24 horas para personaros en vuestras unidades o voy a machacaros".

La lista incluye a 8 jueces, 53 alcaldes y exalcaldes, 3 congresistas, y 95 policías y militares. Los jueces deberán entregarse al Tribunal Supremo, los policías al jefe de la Policía Nacional de Filipinas, los militares al jefe del Estado Mayor y funcionarios al Ministerio del Interior. "Si no, ordenaré a las Fuerzas Armadas de Filipinas que vayan a por vosotros", amenazó.

"Quiero limpiar mi nombre. Estoy aquí para que el público conozca la verdad", dijo al diario Inquirer Samsodin Dimaukom, el alcalde de la localidad de Datu Saudi-Ampatúan, de la provincia de Maguindanao, en el sur del país. 

Al momento, los medios locales informan que se han producido 850 muertes dentro de la guerra contra las drogas de Duterte. El mandatario ha recibido numerosas críticas por el elevado número de víctimas de varias organizaciones como la ONU, que ha calificado la campaña antidrogas de Duterte como una "violación de derechos y libertades fundamentales”.

A las acusaciones, Duterte contestó que: "Mis órdenes son disparar a matar. No me importan los derechos humanos. Créame. Me importa una mierda lo que digan. Esta guerra es contra las drogas”, según el diario The Philippine Star. 

Duterte goza de una enorme popularidad en Filipinas, y las últimas encuestas apuntan a que un 91 por ciento de los entrevistados confían en su nuevo presidente, la puntuación más alta recibida jamás por un mandatario filipino.