Diversas organizaciones de Nicaragua y organismos internacionales de Derechos Humanos se pronunciaron en contra de la Ley de Amnistía aprobada por legisladores del partido gobernante de Daniel Ortega; según sus detractores la Ley pretende dejar impune a las autoridades, policías y paramilitares, que han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de masacrar a la población durante las protestas sociales en Nicaragua.

La Asociación de Madres de Abril (AMA) anunció que tomará acciones legales en contra de la Ley de Amnistía, la que rechazan porque, aseguran, que significa dejar en la impunidad los asesinatos de sus hijos, hermanos y familiares asesinados por las fuerzas de choque del gobierno, además alegan que estos delitos son imprescriptibles y no pueden ser objetos de amnistía.

“Nuestros principios como asociación que aglomera a los familiares de las víctimas de la represión son incompatibles con la política de perdón y olvido que el gobierno de Ortega desea imponer por decreto”, expresó AMA en un comunicado este sábado 8 de junio.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también rechazó la Ley de Amnistía, porque es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, que no pueden ser objeto de amnistía y que además no prescriben.

“Estamos frente a una ley de impunidad, una ley de auto amnistía que se ha otorgado el régimen de Ortega, que está prohibida por los derechos internacionales, que está prohibido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nicaragua está obligada a respetar el derecho americano, Nicaragua está obligada a actuar con base en los derechos humanos”, dijo Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica.

La ley propuesta por la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ordena liberar a todos los presos políticos, pero  según el artículo tres si uno de los liberados vuelve a protestar será apresado. Al respecto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que el propósito de esa legislación es “consolidar la impunidad del régimen”.

“Nicaragua debe rechazar la ley de amnistía. Aunque dice que ‘exceptúa’ a los ‘delitos regulados en tratados internacionales’, no se establece ningún procedimiento serio para excluirlos. El propósito es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen”, expresó Vivanco.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó, antes de la aprobación de la ley, que imposibilitaría el procesamiento de las personas potencialmente responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante las protestas contra el Gobierno que se iniciaron el 18 de abril de 2018

“En particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades”, detalló.

Bachelet indicó que las protestas han provocado mas de 300 fallecimientos, 2000 heridos, la encarcelación de centenares de opositores gubernamentales y el procesamiento de 700 personas.

"Las amnistías por graves violaciones de los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Crean impunidad, lo que puede conducir a nuevas violaciones", enfatizó. Además, resaltó que "pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad”.