El Ministerio Público del estado de São Paulo, Brasil, informó que denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su hermano, Frei Chico, por delitos de corrupción pasiva  la constructora Odebrecht.

Según un comunicado de la Fiscalía, el hermano de Lula, sindicalista en el sector del petróleo, recibió pagos por parte de Odebrecht entre 2003 y 2015 que llegaron a un valor de 1,13 millones de reales (más de 274.000 dólares).

Los fiscales consideran que esos pagos formaban parte de un "paquete de ventajas indebidas ofrecidas a Lula, a cambio de beneficios diversos obtenidos por Odebrecht junto al Gobierno federal".

La relación habría empezado en la década de 1990: según los investigadores, Lula le sugirió al presidente de Odebrecht, Emlio Odebrecht, que contratase a su hermano para que sirva de intermediario entre  la empresa y los sindicatos de los trabajadores que se oponían a la privatización de muchas empresas estatales del sector químico y petroquímico.

Frei Chico fue contratado legalmente como consultor, pero en 2002, después de que Lula ganó las elecciones, Odebrecht rescindió su contrato; sin embargo, los fiscales aseguran que siguió recibiendo los pagos para "mantener una relación favorable a los intereses de la compañía", a través del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

El hermano de Lula admitió que recibió pagos de Odebrecht, pero aseguó que continuaba realizando el trabajo de consultarías y se trataba de pagos por ese trabajo; la Fiscalía afirma que no proporcionó ninguna evidencia que pruebe que realizó el trabajo.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, rechazó la denuncia y aseguró que no hay pruebas de "ningún acto ilegal del expresidente" y argumenta que su cliente "nunca ofreció al Grupo Odebrech ningún 'paquete de ventajas indebidas'.

Los delitos de corrupción activa pasiva tienen una condena que va de dos a 12 años de cárcel, pero pueden aumentar a 20 años por haberse producido de forma continuada. El expresidente brasileño está preso desde abril de 2018, cumpliendo una pena de ocho años y diez meses de cárcel por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con la recepción de un apartamento que la constructora OAS le habría regalado a cambio de favores dentro de la trama corrupta de Petrobras.