La Procuraduría y el Ministerio de Minería asumieron la defensa legal del Estado en la audiencia oral dentro del caso Mallku Khota, a raíz de la solicitud de arbitraje presentada el 30 de abril de 2013 por la empresa canadiense South American Silver Limited (SAS), que demanda una indemnización de $us 385.7 millones de dólares americanos.

El 2012, el Gobierno determinó la reversión de 10 concesiones mineras que detentaba la compañía minera Mallku Khota, ubicadas en las provincias Alonso de Ibáñez y Charcas del departamento de Potosí; y otorgó la administración a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en coordinación con el Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin).

La compañía minera Mallku Khota desarrolló un proyecto de exploración minera durante dos años, desde el 2010 hasta mediados del 2012. Sin embargo, el proyecto nunca entró en producción y sólo contaba con informes preliminares, cuando la empresa fue acusada por incumplimiento de compromisos y manipulación de las comunidades indígenas que terminaron en enfrentamientos entre pueblos originarios campesinos.

La Procuraduría General del Estado informó que la defensa oral se realizó durante las últimas dos semanas en la ciudad de Washington.

Según informa la Procuraduría, los argumentos presentados por la defensa nacional aseguraron que: “El Estado boliviano cumplió en todo momento con sus obligaciones internacionales, brindando la seguridad a todos los inversionistas, siempre que den cumplimiento a todos los requisitos y condiciones de la normativa legal vigente en el país”.

Añade que el Estado boliviano hizo particular énfasis en las acciones que fueron tomadas en defensa de la vida, con referencia a los conflictos que se vivieron en Mallku Khota.

"Ante la situación de escalada de violencia del 2012, que implicó policías retenidos, amenaza a la vida de niños y niñas en Acasio, un comunario fallecido y cientos de campesinos marchando a La Paz. Bolivia no tuvo otra  alternativa que la reversión por responder a una causa de utilidad pública y beneficio social, sobre todo porque lo que se preservaba era la vida de las personas. Una vida no tiene precio", remarcó la subprocuradora  de Defensa y Representación Legal del Estado, Carmiña  Llorenti.