El fin de semana se realizó la audiencia de medidas cautelares del propietario, Marco Camara, y el administrador, Gustavo Fernández, del club nocturno Katanas; en la que se decidió su aprehensión preventiva. Camara será recluido en el penal de San Pedro, mientras que Fernández deberá ir a Patacamaya. La abogada Noemí Camará, Paola Barriga, anunció que iniciará un proceso contra la Alcaldía de La Paz.

La detención preventiva será cumplida una vez que Camara reciba el alta médica del Hospital Metodista. Según la abogada Barriga, Camara solo tiene la presión elevada, "Él argumentó estar en muy delicado de salud, sin embargo el forense verificó que sólo tenía un poco elevada la presión. Ese no era un motivo para que no asista al juzgado”.

Camara y Fernández son acusados por el delito de Trata y Tráfico de personas. La fiscal asignada al caso argumentó que la hija de Camara denunció que su padre enviaba al administrador del club, Gustavo Fernández, a países vecinos para reclutar mujeres jóvenes dispuestas a trabajar en Bolivia como modelos.

El Ministerio Público presentó los registros de los altos ingresos económicos provenientes del negocio de Cámara y la documentación de mujeres extranjeras hallada en el club nocturno; además estableció que existe el riesgo de fuga, por falta de un arraigo social, además del peligro de obstaculización.

ALCALDÍA 

Según la Alcaldía la hija de Marco Camara presentó documentación que prueba que es la propietaria del edificio y que no tiene ninguna relación contractual con su padre por lo que la Subalcaldía Centro emitió una resolución en rechazo a una solicitud de renovación de licencia de funcionamiento del local nocturno Katanas.

El director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Fernando Velásquez, explicó que una vez emitida la resolución que clausura al negocio, la Comuna desplegará operativos a fin de garantizar que no opere en las noches.

Noemí Cámara denunció que funcionarios ediles recibían dinero a cambio de permitir el funcionamiento de Katanas, sobre esta denuncia, Velásquez la invitó a acudir a la Dirección de Transparencia de la Comuna para ampliar la información a fin de que establecer responsabilidades administrativas si corresponde.

El director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del municipio, Antonio Ochoa, aseguró que ya inició una revisión de la información con las que cuenta para conocer los detalles de los permisos de autorización de funcionamiento a Katanas y los controles que se han realizado.

La abogada de Noemí Camara adelantó que seguiría un proceso contra la Alcaldía que permitió el funcionamiento del club y además mencionó que el lugar podría ser demolido. "Ella no tiene ningún interés económico. Mi defendida es propietaria legal, con derecho propietario para tomar posesión y en su defecto solicitar la demolición de este centro”, afirmó.