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01/09/2014 - 17:40

El gobierno indígena del medio ambiente

Derechos indígenas y gobernanza ambiental (El caso de REDD+)

Inés Ayari

Se entiende por gobernanza ambiental al gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales desde su consideración como un bien común mundial[1]. El vínculo entre esta y los derechos indígenas es el resultado notable de la creciente visibilidad de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, así como la evolución de la participación indígena en las actividades de los organismos de derechos humanos internacionales, como las Naciones Unidas por ya más de tres décadas[2]. La afirmación de los derechos indígenas ha dado lugar a la creación de sucesivas declaraciones y tratados, lo que representa una importante expresión del consenso internacional para considerar las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas.

En teoría, la gobernanza ambiental y los derechos indígenas son complementarios, ya que ambos incorporan la noción de protección de los recursos ambientales y naturales. También, es necesario poner énfasis en la correlación que existe entre los objetivos generales del desarrollo sostenible y la autodeterminación indígena, incluyendo la preservación de su identidad, aunque en la realidad esta relación sea más compleja. Por otro lado, la aplicación de los mecanismos de la gobernanza ambiental en trabajo de campo son considerados como intentos de imposición de un enfoque vertical que omite el rol de las comunidades indígenas.

Dentro de la gobernanza ambiental está incluido el programa de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) que tiene como objetivo crear valor financiero del carbono almacenado en los bosques con el fin de reducir las emisiones de carbono; sabiendo que la deforestación y la degradación forestal son responsables del 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero liberados en la atmosfera. El principio es relativamente simple: los países desarrollados deben compensar a los países en vías de desarrollo por mantener sus bosques intactos, utilizando fondos y mecanismos basados en el mercado internacional.

Asimismo, el concepto de “REDD+” deriva de la ampliación de REDD, expresando la voluntad de la comunidad internacional de ir “más allá de la deforestación y la degradación  de los bosques, e incluir la conservación, el manejo sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono[3]” Muchos afirman que REDD+ es una iniciativa internacional prometedora para mitigar el cambio climático, y otros ven a este instrumento con un carácter controvertido.

El programa de REDD+ busca hacer “los bosques más valiosos cuando se encuentran todavía de pie que talados, mediante la creación de un valor financiero por el carbono almacenado en los árboles. REDD+ tiene el potencial de ser un programa de mitigación efectivo para contrarrestar el cambio climático…una solución que va más allá del carbono para atender las necesidades de los pobres, siempre y cuando integre en la planeación forestal existente un fuerte participación y compromiso de las comunidades que dependen de los bosques,[4]”.

Defensores de REDD+ sostienen la existencia de valor en esta forma de secuestro de carbono, con la cual se lograría un equilibrio importante entre la promoción de la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico. Por otro lado, también existen críticas sobre REDD+, las cuales se basan en dudas sobre la intención verdadera del programa para mitigar el cambio climático. El hecho de que países industrializados paguen a los países menos industrializados para proteger sus bosques, mientras sigan cortando árboles y contribuyendo a la contaminación de carbono a través de sus actividades industriales, es tal vez la mayor muestra de falta de voluntad para acabar con las principales fuentes de emisiones. Otros arguyen que los países desarrollados son históricamente los principales contaminantes, y son estos los que deberían asumir responsabilidad por las consecuencias.

En la actualidad, existen muchos debates sobre justicia y deuda ambiental, mas no son fáciles de responder, ya que muchos de los bosques más importantes del mundo se encuentran en países en vías de desarrollo.

Aparte de estas controversias y cuestiones de gobernanza ambiental a nivel internacional, ya existen programas nacionales de REDD+  que tienen impacto en comunidades indígenas a nivel local. Los territorios de los pueblos indígenas a menudo cubren grandes porciones de tierras forestales, las cuales son la principal fuente de sustento de estas poblaciones. Sin embargo, solamente un 9% de los bosques en todo el mundo han sido reconocidos como propiedad de comunidades indígenas.

Desde el lanzamiento de REDD+, muchas interrogantes han surgido entre los pueblos indígenas tanto a nivel local como a nivel transnacional, y se ha enfatizado el hecho de que se han omitido las opiniones de los pueblos indígenas en su rol como administradores de los bosques restantes del mundo, y en particular por su estatus especial de titulares de derechos en el contexto de REDD[5]. De la misma manera, organizaciones civiles hacen hincapié en que la conservación de bosques  no debe ser en detrimento del enfoque de derechos humanos o servir como un atajo para no cumplir el Consentimiento Libre, Previo e Informado  (CPLI) de los pueblos indígenas en consultas previas.

Conclusión

Como mecanismo de mitigación del cambio climático, REDD+ tiene en teoría un gran potencial para beneficio de todas las partes, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La iniciativa podría ayudar a las comunidades indígenas a conservar su estilo de vida tradicional, y a la vez generar un nuevo tipo de ingreso económico. REDD+ incluso podría ayudar a garantizar los derechos de propiedad sobre sus tierras, los cuales han sido obviados hasta ahora, fomentando a los Estados a que jueguen un rol proactivo con un enfoque proteccionista. También existirían ciertos beneficios de reducir la dependencia de los pueblos indígenas de fondos económicos externos[6].

El impacto de las acciones de los pueblos indígenas tiene más fuerza  a nivel transnacional y aún permanece débil a nivel local, lo que se evidencia en la falta de respeto de sus derechos fundamentales por el Estado, como es el caso de la omisión de la consulta previa (CLPI). Por otra parte, las comunidades indígenas desconfían sobre la mercantilización de las reservas de carbono, la cual no considera sus propias necesidades y derechos, y mucho menos una distribución equitativa de los beneficios económicos.

Dado el nuevo valor económico asignado a los bosques, las comunidades a las cuales no se les ha reconocido formalmente el derecho de propiedad sobre sus tierras temen que sus solicitudes de formalizar este derecho se vean pospuestas o incluso totalmente ignoradas por el Estado, ante la nueva conveniencia económica que tendría para este el transferir las tierras a terceros interesados atraídos por las ganancias del programa REDD+.

Por lo tanto, las estrategias del programa REDD+ no pueden ser definidas sin la participación activa de las comunidades indígenas, en particular aquellas concernientes al monitoreo de los mecanismos de pago, los cuales necesitan ser descentralizados y basados en prácticas locales de acuerdo a sus instituciones territoriales. Para que REDD+ sea una herramienta eficiente de mitigación del cambio climático debe haber reconocimiento de la heterogeneidad de los territorios indígenas y sus sistemas sociales, así como su rol histórico en la conservación de los bosques y la biodiversidad.

Los bosques tienen otros valores para los pueblos indígenas aparte de las reservas de carbono, lo que también debe ser considerado en el diseño de los programas de REDD+. Uno de los requisitos esenciales para el éxito del programa REDD+ es el respeto total y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, enfatizando el derecho de otorgar o no consentimiento libre, previo e informado; mas no solo se debe tratar de otorgar el consentimiento sino de un verdadero empoderamiento a través de su inclusión en la aplicación y monitoreo en los procesos y gestión de recursos financieros relacionados con sus territorios.


[1] Launay, Claire; Mouriès, Thomas; Les différentes catégories de biens. Resumen y extractos del libro « La Démocratie en miettes » de Pierre Calame (2003)

[2] Strydom, H. (2013). Environment and indigenous peoples. In Max Planck encyclopedia of public international law (Vol. 11, III, p. 455). Oxford, England: Oxford University Press.

[3] (Programa de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en los Países en Desarrollo [ONU-REDD], 2009, párr. 2).

[4] Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza [UICN], 2013, párr. 2

[5] Stidsen S. (2009). Editorial: REDD and indigenous peoples. Indigenous Affairs, 1- 2/09, 4–9.

[6] Van Dam, C. (2011). Indigenous territories and REDD in Latin America: Opportunity or threat? Forests, 2, 394–414.

*Imagen extraída del Folleto informativo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas. www.maderasdelpueblo.org.mex


Inés Ayari

La autora de nacionalidad belga-tunecina, estudió la licenciatura de Ciencias Políticas en la Université Libre de Bruxelles, ubicada en Bélgica, y en la cual también obtuvo su primer grado de Maestría en Relaciones Internacionales. Después de haber trabajado como consultora en recursos humanos en el sector privado, decide dedicarse al área social y ambiental, por lo que obtiene el Master en Gestión Sostenible de Recursos Naturales en la Universidad para la Paz, en Costa Rica. Entre otras experiencias, tuvo la oportunidad de trabajar en la organización no gubernamental Forest Peoples Programme, cuya sede se encuentra en Londres, y la cual se dedica a la defensa de los derechos de personas y comunidades que habitan en los bosques. 

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