Legislar el aborto lleva a un escenario de derechos confrontados entre los defensores del derecho a la vida desde la concepción hasta aquellos que defienden el derecho de la mujer a definir si quiere -o no-ser madre.

Bolivia ha decidido proteger la vida desde la concepción. Por esa razón la ley civil defiende los derechos desde la concepción, pero con los consecuentes beneficios; el sistema de salud le da a la madre el bono Juana Azurduy, para que tenga acceso a salud gratuita y controles periódicos durante el embarazo;  El estado le da a todas las madres embarazadas una dotación alimenticia que se extiende hasta que el niño cumple un año. Durante ese tiempo y en defensa de la vida hemos decidido la estabilidad laboral de la madre y del padre del no nato hasta que cumpla un año de vida. Hemos priorizado entrega de viviendas y tierra a madres con hijos y embarazadas. Incluso le hemos quitado al hombre el derecho a decidir si quiere -o no- ejercer la paternidad, tipificando el abandono a mujer embarazada y obligándolo al pago de asistencia familiar.

Coincido con la norma que defiende la vida desde la concepción y estoy en contra de que se constituya en un derecho de opción de las mujeres. Pero estoy mucho más en contra hacia la otra posición extrema que pretende dañar y dejar sin porvenir la vida de la mujer. Tenemos que legislar para regular las excepciones de este derecho a la vida, según los tiempos científicos del embarazo.

Entendamos que hasta la segunda semana no existe concepción,  por esa razón las mujeres no están embarazadas. Al concluir este periodo, recién se puede hablar de concepción. En estas dos semanas queda claro que no existe el aborto ya que no hay embarazo. Por esa razón quienes se oponen a métodos anticonceptivos y a la pastilla del día después, son unos irresponsables con el futuro de muchas niñas que pueden quedar efectivamente embarazadas. Aquí si existe un derecho pleno a decidir y si es un tema de salud pública. Estas dos semanas no necesitan más que repartir estas pastillas de manera pública. Es la mejor opción para el embarazo no deseado.

Desde la semana dos hasta la semana 12 (hasta el mes 3) es una etapa embrionaria, es decir se inicia con la concepción y concluye con un embrión de 4 centímetro y 5 gramos. En esta etapa muchas mujeres tienen pérdidas sin notarlo. Aquí se está a tiempo límite de hacer una intervención que genere una excepción al derecho de la vida en cinco causales. Por violación, incesto, estupro, por minoría de edad, por pobreza extrema, y por razones clínicas que pongan en riesgo la vida de la madre. Para estas causales no es necesario una sentencia del juez, solo se necesita una declaración jurada de cumplir causales.

A partir de la semana 12 ya podemos hablar de la existencia de un feto todavía difícil de definir, pero con corazón y cerebro en desarrollo. En esta etapa las causales se reducen a dos posibilidades riesgo de vida de la madre y mal formaciones físicas o mentales del feto que den evidencia de una tortura innecesaria. En este caso tampoco se necesita decisión judicial, solo criterio del médico consultado con la madre.

Ninguna madre quiere usar el aborto como método anticonceptivo, por esa razón podemos seguir ratificando como país la protección del derecho a la vida como eje central del futuro de la humanidad, y las causales solo deben ser dolorosas excepciones.

Finalmente, un aspecto fundamental en las democracias es la objeción de conciencia. Es un derecho que garantiza y materializa la libertad de pensamiento y la libertad de culto en temas esenciales a la vida. Por esa razón el sistema público no puede obligar a un médico a practicarlo en contra de sus creencias, este no puede ser sancionado ni despedido por oponerse. El sistema de salud debe dar la opción a las madres en el sistema público, pero no puede obligar a los médicos a practicar abortos si va contra sus creencias.