El 22 noviembre se inició un paro médico en Bolivia, solicitando la abrogación del D.S.3385, que crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional; y, la eliminación del artículo 205 del proyecto de Código del Sistema Penal (CSP), que establece sanciones por la mala praxis.

Está bien, eliminemos ambas normas para que se levante el paro médico; pero, ¿Qué hacemos con los más de 5.000 casos de mala praxis reportados en los últimos veinticinco años? ¿Qué hacemos con las tres denuncias de mala praxis que ingresan cada semana al Comité de Victimas?

Para llegar a una respuesta a las interrogantes antes señaladas, debemos analizar el Art.205 del “CSP” y el D.S.3385. Iniciaremos con el Art.205, el mismo indica que la persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, inobservancia será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales.

no es esto lo que buscaba la familia de Karla Lorena, cuando toda la población tuvo que movilizarse para conseguir recursos económicos, debido a una mala cirugía de adenoides que postró en cama durante casi diez años, a una niña de tan sólo nueve. No logró imaginar todo el sufrimiento y agonía que vivió la madre, a quien veíamos día a día extender el brazo para poder ayudar a su hija.

Finalmente, ella descanso. Sin embargo, creo que sigue latente en el corazón de su madre y de cientos bolivianos más, poder hacer algo para que en agonías similares, no tengamos que estar buscando recursos económicos, cuando nuestros seres más queridos, están en el limbo de la vida.

“A cualesquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción, y de lascivia con las mujeres u hombres libres o esclavos”. Es una de las frases del juramento hipocrático actualizado por la Declaración de Ginebra de 1948.

En el caso de muerte por mala práctica el legislador ha previsto sancionar con una pena privativa de libertad de 3 a 6 años, más la reparación económica. No obstante, las y los proyectistas han previsto dos causales de exención de responsabilidad penal.

Una de ellas es la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión, -creemos que esta previsión, es el reconociendo tácito del escaso equipamiento médico en algunas zonas del país- y la segunda excepción versa sobre la muerte consecuente directa de riesgos, reacciones o resultados favorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión –Esto precautelando a los buenos médicos que intentan todo para salvar la vida de las personas y no lo lograron-, entonces, ¿Retiramos este artículo del Código de Sistema Penal?

Mi respuesta, es resuelta con otro caso. ¿Qué Pasó con Paul Burton?, Este joven deportista fue operado por una hernia de disco, que derivó en una muerte cerebral y finalmente falleció.

Estos casos fueron producto de negligencia médica? ¿Quién controla a los médicos? Eso es precisamente lo que hace el Decreto Supremo 3385 del 01 de noviembre de 2017, crear la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los subsectores Público Privado de Salud que tendrá la finalidad de regular, fiscalizar y controlar a la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público Privados de Salud con el objeto que brinden una atención de calidad a todas y todos los usuarios.

Cuál es el miedo de los médicos de brindar un mejor servicio de Salud a la población, cuál es el miedo de las madres y padres de familia de luchar por un mejor sistema de salud para nuestros hijos, y cuál es el miedo de todos los orientistas y deportistas de salir a pedir justicia por Paúl Burton.

Eduardo Del Castillo Del Carpio

ABOGADO – Militante de Columna SUR