Los derechos en serio
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Iván Lima M.
05/11/2018 - 06:26

¿Es justo liberar el tráfico de drogas?

El Autor analiza la situación de las 539 mujeres encarceladas en Bolivia, por tráfico de drogas y señala cuáles son los problemas del populismo judicial que busca situaciones de alta sensibilidad social para mostrar eficiencia, de la que se carece para dar soluciones estructurales en temas que deberían constituir políticas públicas.

En Bolivia la Dirección General de Régimen Penitenciario, se encuentra implementando el Sistema Informático de Control y seguimiento de las personas privadas de libertad. Esta información es muy importante para construir políticas de estado en materia judicial. Uno de los datos importantes es que en Bolivia, el mes de septiembre de 2018, superamos los 19.000 privados de libertad. De los cuales 1.536 son mujeres y entre estas 1.131 son detenidas preventivas y 405 tienen sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada.

El siguiente dato relevante es que una gran parte de estas mujeres se encuentran detenidas por casos de micro trafico de drogas. Por Tráfico de Drogas 276 ciudadanas, por suministro de sustancias controladas 147 ciudadanas, por transporte de sustancias controladas 74 ciudadanas, por fabricación de sustancias controladas 42 ciudadanas. Tenemos 3 mujeres procesadas por legitimación de ganancias ilícitas. Estas 539 ciudadanas representan el 35% de las mujeres privadas de libertad.

La distribución de las privadas de libertad en nuestro Estado en cada departamento es la siguiente: La Paz 486, Santa Cruz 441, Cochabamba 263, Oruro 130, Potosí 61, Tarija 52, Beni 47, Chuquisaca 41, Pando 15. Salvo casos excepcionales la mayor parte de las mujeres privadas de libertad carecieron de una adecuada defensa en el proceso. Existen 147 mujeres procesadas por Asesinato, en muchos de los casos el límite con la legitima defensa es muy difuso e injusto. 

En las últimas semanas conocimos que muchas mujeres bolivianas están privadas de su libertad en cárceles de Argentina, Chile, Perú, Brasil, España y Estados Unidos por ser utilizadas en el tráfico de drogas. La situación de los casos visibilizado por la prensa nos muestra que ningún juez razonable podría pensar que la pena cumplirá algún fin en los casos de mujeres que actuaron sin dolo, bajo dolorosas circunstancias y con el fin de preservar la vida o salud de su familia.

El tráfico de drogas, y en general el crimen organizado, tiene una base amplia de personas que son utilizadas en los hechos más riesgosos para la organización. Estas personas son prescindibles y reemplazables rápidamente porque las circunstancias de vulnerabilidad y muchos factores relacionados hacen que existan decenas de nuevos reclutas esperando una oportunidad para resolver un problema o ser parte de la organización.

El indulto, el perdón judicial o la excarcelación (en Argentina) pueden mandar un mensaje equivocado a la sociedad. Las drogas dañan de forma grave a los niños, jóvenes y a las familias. Todos los que participan de esta organización criminal deben merecer la condena social, no es justo que millones de bolivianos trabajen cada día, con hijos enfermos, padres ancianos o problemas graves y otros pocos bolivianos trafiquen drogas para solucionar sus problemas. Cuando una sociedad decide condenar como delito el tráfico de cocaína no puede actuar de manera diferente con sus ciudadanos. Si el Defensor del Pueblo y el Ministro de Justicia consideran que el delito de tráfico de cocaína merece un indulto o la suspensión del caso, este beneficio debería llegar a todas las mujeres que en las cárceles bolivianas están privadas de su libertad en condiciones peores y por causas más tristes y crueles que las de las mujeres liberadas por la justicia Argentina. También podrían proponer una política de drogas seria y coherente que tenga presente la justicia restaurativa.

Esta semana, la Corte Suprema de México declaró la inconstitucionalidad de la sanción penal a los ciudadanos mayores de edad que consuman marihuana. En general el debate sobre las políticas de drogas en la región y la búsqueda de soluciones estructurales pasan por la legalización de las drogas. Este debate en nuestro país muestra una doble moral importante. Recuerdo que cuando se analizaba la abrogación del Código del Sistema Penal, muchos Alcaldes y especialmente José María Leyes, sostenían que el MÁS estaba legalizando la venta de drogas en las escuelas. Esa doble moral es la que está distorsionando el Sistema Penal boliviano, en lugar de preocuparnos por combatir a la cabeza de las organizaciones criminales y regular de mejor manera los mercados de criminalida, terminamos encerrando en las cárceles a las más débiles y a los más pobres. El sistema se distrae en encarcelar a personas sin posibilidad de defenderse, mientras tanto la corrupción y los delitos que de verdad dañan a la sociedad quedan en la impunidad.

 

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