La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, envió una carta al procurador general del Estado, Pablo Menacho, para exigirle que se cumpla el fallo que emitió el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU) a su favor por violación de sus derechos humanos.

En la misiva, Delgado recuerda que la sentencia del Comité salió hace un año y que daba al Estado 180 días de plazo para darle una compensación económica y realizar acciones para evitar que se cometan hechos parecidos con otros ciudadanos.

Sentencia que, según Delgado, aún no se han cumplido y por lo que solicita se haga efectiva.

"Hoy, un año desde que el Comité de DDHH-ONU emitió dictamen que evidencia vulneración de mis derechos civiles y políticos por el Estado Boliviano, el Procurador Menacho no se pronuncia, continúa la vulneración", señaló Delgado a través de su cuenta de Twitter.

En abril del año pasado, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU) determinó que el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó indebidamente la candidatura de Rebeca Delgado; también se determinó que el Estado debe asegurarse de no volver a inhabilitar a ningún candidato.

El dictamen de las Naciones Unidas establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos por una norma que le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba. Establece que el Gobierno tiene un plazo de 180 días para cumplir con el fallo. Aunque no fija una cifra concreta, sí específica que Delgado debe recibir del Estado boliviano una “compensación adecuada”, que incluya “los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional.

Por otro parte, NNUU también exige al Gobierno boliviano brindar información, en un plazo de 180 días, “sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen”.

La denuncia de Delgado fue presentada en junio del 2015, después de que el Tribunal Supremo Electoral le impidiera ser candidata a la Alcaldía cochabambina, por un reglamento que establecía que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.

Los siete vocales que firmaron esa resolución fueron Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.