En una carta abierta publicada hoy, Amnistía Internacional pidió al gobierno del presidente Evo Morales suspender el decreto 3973  que autorizó “quemas controladas” para actividades agropecuarias en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que han sido afectados por los incendios forestales desde agosto de este año.

"Ante la ausencia de determinación sobre las causas de los incendios en la Chiquitanía, requerimos al Estado de Bolivia que suspenda la aplicación del Decreto No. 3973 hasta que se obtenga certeza de que aquél no ha contribuido a la generación de los incendios", dice la misiva.

La organización pide que se suspenda el decreto, hasta que exista certeza de que no ha contribuido a los incendios forestales en la Chiquitanía. Además afirma que se deben investigar las causas de los incendios y en caso de que corresponda identificar y sancionar a las personas responsables; y pide al gobierno brindar asistencia urgente a las personas y comunidades afectadas, consultándolas y respetando sus derechos humanos.

"En ese sentido y teniendo en cuenta recientes declaraciones del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien señaló que “el incendio es casi hijo natural de la agricultura”, nos permitimos pedirle información sobre la posible relación entre el Decreto Supremo No. 3973 del 10 de Julio de 2019 y los incendios, ya que mediante el mismo “se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias […] [y] se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente […]” en los departamentos de Santa Cruz y Beni, mismos que han sido afectados por estos sucesos", dice la carta enviada al Gobierno boliviano.

El 30 de agosto, tras anunciar la detención de personas sospechosas de causar incendios, el presidente Evo Morales declaró que estos habían sido provocados intencionalmente “por razones políticas”, mientras el ministro de la presidencia afirmó que “el incendio es casi hijo natural de la agricultura” que está agravado por altas temperaturas y vientos fuertes, relacionados con el “calentamiento global”.

Sobre la detenición de tres personas presuntamente implicadas en los incendios, la organización recuerda al Estado su obligación de garantizar la libertad e integridad personales y el debido proceso en el marco de cualquier investigación. 

La organización también expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas, recordando que la protección del medio ambiente y la biodiversidad es necesaria para disfrutar plenamente derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la cultura.