El Gobierno nacional emitió un Decreto Supremo en el que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas que participen en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública  cuando “en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

El documento, dado a conocer este sábado, señala también que las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D. S. 27977 de fecha 14 de enero del 2005, "pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionalmente a los riesgos operativos... ".

Al respecto, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en conferencia de prensa, aseveró que el mencionado Decreto Supremo “no es una licencia para matar",porque su objetivo es constituirse en un elemento disuasivo con miras a la pacificación del país.

 “Este Decreto establece que las FFAA puedan actuar junto con la Policía en operativos de disuasión y para repeler la agresión con el uso proporcional de la fuerza (...)Esto significa que, de ninguna manera, se transforma en una licencia para matar, es un elemento disuasivo porque lo que pretende el Gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, que la paz social se restablezca en nuestro país”, señaló .

“El Decreto está enmarcado en el Código Penal, en la que el uso de la fuerza puede aplicarse por ejemplo cuando se actúa en defensa propia”, agregó.

No obstante, el Decreto fue duramente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, alerta el organismo internacional.

Asimismo, la CIDH condenó cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia “que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH”, particularmente, añade, en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales.