Al igual que lo hiciera el Ministerio de Gobierno semanas atrás, el Ministerio Público decidió retirar la acusación por el denominado ‘caso Terrorismo’ y el proceso llegó a su fin tras once años.

El caso terrorismo, como se lo conoce en Bolivia, ocurrió en abril de 2009. El 16 de abril de ese año agentes policiales tomaron el hotel Las Américas, ubicado a pocas cuadras de la plaza central de Santa Cruz. En el operativo fueron ejecutados: el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa; el irlandés Michael Martin Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó fueron encarcelados y después de seis años, en 2015, obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado en el que se declararon culpables.

El gobierno de Morales denunció en ese entonces que eran mercenarios que planeaban atentar contra el expresidente Evo Morales y armar una milicia civil para iniciar una guerra secesionista en Santa Cruz, cuyos dirigentes habían impulsado un proceso de autonomía.

Por esta causa se inició un proceso contra 39 personas, incluidos empresarios y líderes cívicos. Algunos incluso pasaron cerca de una década en la cárcel, como es el caso de Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, estos últimos salieron en libertad hace casi dos meses.

No obstante, los acusados señalaron que el caso era un montaje del anterior gobierno para “descabezar” un movimiento que se oponía al expresidente Morales.

Según El Deber, dentro de este mismo hecho, Sixto Fernández y Elena Gemio, jueces técnicos del caso, fueron denunciados por los abogados de los acusados ante la Fiscalía por malversación de fondos, daño económico al Estado y otros delitos.

Dentro de la investigación en su contra se acusó al anterior gobierno de pagarles viajes y viáticos para que acudan a las audiencias con la consigna de hacer prevalecer una línea, como enjuiciar a todas las personas y condenarlas solo con fines políticos.