La Defensoría del Pueblo condenó y califica de inadmisible los actos de violencia contra trabajadores de la prensa y personal de salud durante la movilización social que se realizó este martes en la ciudad de El Alto, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana.

A través de un comunicado, la Institución Defensorial remarcó que considera legítimo el ejercicio del derecho a la protesta, sin embargo rechaza que se haya incurrido en la agresión a personas que cumplían con sus actividades.

Asimismo, la Defensoría recuerda que la vigencia de un Estado democrático de derecho requiere de la labor de medios de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores, “siendo una obligación de todos los ciudadanos respetar el ejercicio de esta encomiable labor y abstenerse de cometer actos delincuenciales que atenten contra la integridad de estos importantes servidores de la sociedad”.

“La Defensoría del Pueblo condena los daños cometidos contra ambulancias y, en general, cualquier acto que ponga en riesgo la prestación de servicios de salud o la integridad del personal de esta área, sin considerar que en la actual coyuntura, los sacrificios de médicos, enfermeras de quienes ponen en riesgo su vida, salud e integridad al estar a la vanguardia de la lucha contra la pandemia del Covid-19”, remarca el comunicado de la institución defensorial.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo instó a todas las organizaciones sociales a identificar a las personas que cometen delitos contra la integridad y el trabajo del personal de salud y los trabajadores de la prensa, “a fin de evitar que las legítimas demandas sociales se vean empañadas por acciones de un reducido grupo de personas que actúan fuera de la ley”.

Asimismo, exigió al Ministerio Público investigar los hechos mostrados en los videos que circularon en redes sociales en los que se observan los actos violentos, y aplicar todo el rigor de la ley a las personas que resultaren autores de estos delitos.

Finalmente, exigió a la Policía Boliviana otorgar las garantías necesarias para que personal de salud y trabajadores de la prensa no se vea afectados en sus derechos a la integridad y al trabajo en el marco de acciones de protesta o conflictos sociales.