El baremo del control de la convencionalidad

Syntagma
20/06/2018 - 09:23
El baremo del control de la convencionalidad

El control de convencionalidad representa un avance significativo para la vigencia de los derechos humanos en la región. Las autoridades y en especial los jueces están obligados a conocer toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Deben ajustar sus decisiones a las precedentes. De esta forma, las decisiones asumidas por los siete jueces de la CIDH estarán presentes en la mayor parte de los aspectos de la vida de nuestro país.

La CIDH está funcionando desde 1979 y ha emitido hasta ahora 352 sentencias en casos contenciosos. Parece una cifra muy pequeña si la comparamos con las más de 4.000 que debe dictar nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cada año. Es bueno recordar que nuestro TCP dedica el 91% de su tiempo a revisar acciones de Amparo Constitucional y Acciones de Libertad que le son remitidas desde los nueve departamentos del país.

Si comparamos las sentencias del TCP con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen diferencias abismales, no solo en la calidad del razonamiento jurídico y el respeto al autoprecedente (self-precedent), sino en la compatibilidad con los Derechos Humanos definidos por el Pacto de San José de Costa Rica. Estas diferencias que se presentan en todas las materias llaman la atención en temas que son universales y no pueden ser considerados casos sofisticados o jurisprudencia reciente. Citamos algunos ejemplos:

En materia de doble instancia, a partir del Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, es uniforme el criterio de que en materia penal, los ciudadanos americanos tienen derecho a la “doble instancia”, entendida como la revisión de la sentencia en los hechos, el derecho y la prueba. Este precedente es desconocido por todas nuestras autoridades en materia jurisdiccional, porque insisten en aplicar el “juicio en única instancia”. Recientes víctimas de esta violación al Art. 8 del Pacto de San José y la Jurisprudencia son el expresidente Carlos Mesa en el caso Quiborax y el exmagistrado Gualberto Cusi, ambos en los juicios de responsabilidades que se siguen en su contra.

En materia de matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, tenemos la Opinión Consultiva OC-24/2017. En ella la Corte Interamericana ha declarado inconvencionales las normas que discriminan a estas parejas en relación a los derechos de las parejas heterosexuales. En nuestro país el artículo 63 de la Constitución y los Artículos 147 y 168 del Código de las Familias, en contra de la interpretación del Pacto establecida por la CIDH, rechazan el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

En este escenario, queda claro que los siete jueces de la Corte Interamericana, en 352 Sentencias, han construido un sistema de protección a los Derechos Humanos más eficiente y razonable, argumentado que los cientos de jueces de los Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de todos los países que aceptan su jurisdicción, incluidos los nueve magistrados bolivianos y su pequeño ejército de abogados asistentes.

En un sistema regional que busca que todos los jueces sean contralores de la Convención Interamericana y, de cierta forma, sean jueces constitucionales que busquen el respeto de los principios y valores de las constituciones políticas, crear salas constitucionales exclusivas para atender los casos de amparo constitucional y acciones de libertad es una decisión que conceptualmente va en contra ruta del nuevo modelo de justicia que se busca en la región. Es difícil encontrar las bases de esta decisión asumida por la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, pero sin duda hace falta abrir el debate sobre el proyecto de ley presentado en días pasados.

Proyecto de Ley que Crea Salas Constitucionales dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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