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La Cámara Baja agendó para hoy el tratamiento del proyecto de ley corta judicial o transitoria que garantiza el proceso de preselección de los candidatos y, por tanto, la elecciones judiciales en el país, previstas para este año.

Hemos establecido el desarrollo de mesas de trabajo para llevar adelante estas medidas —de control— para que exista el compromiso social de apoyar el control en el expendio de combustibles y despejar algunas dudas de los compañeros”, señaló el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

En la misiva, el Presidente boliviano pide al Papa que el vaticano entregue a la justicia boliviana antecedentes de los religiosos investigados por abusos contra menores y una revisión conjunta de los antecedentes de sacerdotes y religiosos extranjeros que están en el Estado, entre otras cosas.

La declaración de Patricia P.S. no fue convincente, porque alegó que ella “desconocía muchas cosas” en la entidad financiera, informó el fiscal del caso Julio Porras.

“Nos está visitando el padre Jordi, uno de los especialistas del Vaticano, para tratar temas sobre los que hemos estado lamentablemente viviendo en las últimas semanas como Iglesia y como país”, enfatizó el monseñor Arana, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno  debía declarar el pasado 13 de abril; sin embargo, pidió la postergación debido a que se encontraba de viaje en el Vaticano.

En este caso, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, denunció el cobro de un soborno millonario de parte de funcionarios de la ABC a cambio de favorecer a la Empresa China Harbour Engineering en la adjudicación de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez.

La denuncia era en contra de los jesuitas Antonio Gausset Capdevila, Ramón Alaix y Marcos Recolons; sin embargo, debe presentarse en Sucre.

Según informó el Senado, Rodríguez afirmó que ante el incremento de delitos como los feminicidios, secuestros, violaciones y pederastia son hechos que “nos obliga definitivamente a revisar, (…) la máxima pena”.

Al interior de la casa jesuita se encuentran siete de los ocho sacerdotes suspendidos por la Compañía de Jesús Bolivia, tras revelarse el caso de los abusos sexuales cometidos por Alfonso Pedrajas en contra de menores.