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“Lo menos que podemos hacer es un mecanismo de reparación a todas aquellas, por entonces, niñas, niños y adolescentes, que se han visto afectados en su dignidad por el proceder de estos religiosos”, dijo el vocero presidencial, Jorge Richter.

“La recolección de firmas será un paso elemental si se llega a eso. Lo que nos han informado (...) es que tendríamos que reunir cerca de 1,9 millones de firmas” señaló el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach.

Genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa son los delitos en los que Áñez habría incurrido según la imputación formal presentada por la Fiscalía Departamental de Cochabamba por la Masacre de Sacaba del 15 de noviembre de 2019.

La nueva denuncia es por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Daño Económico al Estado y Delito contra la Propiedad Intelectual.

“En Bolivia hay que confiar más en las instituciones. Somos muy desconfiados, empezando con el hecho de que para ser funcionarios del Órgano Electoral no hay que ser militante de un partido político, es una exageración, es parte de la desconfianza”, aseveró el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.

El recorrido de la inspección empezó en la puerta del Cementerio General, recorrió la Av. Baptista, descendió por la plaza Garita de Lima, Max Paredes, Av. Buenos Aires, calle Vicente Ochoa, esquina Gallardo, Santuario de Gran Poder, plaza del Gran Poder, calle Sagárnaga, calle Illampu, hasta llegar a la plaza Eguino, continuó por la calle Pando, siguió por las avenidas Montes, Mariscal Santa Cruz y concluyó en la Camacho.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, llegó a concretar el acuerdo con productores soyeros y cañeros que mantenían el bloqueo exigiendo la anulación de los decretos 4910 y 4911 de lucha contra el contrabando de combustibles.

Murillo fue denunciado por el delito de abuso sexual agravado en contra de una exseminarista. El hecho ocurrió en 2014 y, pese a la denuncia a los superiores del párroco, el caso se mantuvo en reserva. Deberá permanecer tres meses en la cárcel.

La Policía movilizó 400 uniformados y 36 motorizados en todo el departamento, para desbaratar la organización delictiva.

Guido Calcina, abogado de la denunciante, lamentó que haya habido “presiones” para que el Fiscal determine no aprehender al Gobernador paceño y haya determinado su “libertad pura y simple”.