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Ayer, en conferencia de prensa, el Gobernador de La Paz negó las denuncias en su contra y acusó a la exfuncionarla de buscar extorsionarlo. Según Quispe, la mujer le habría pedido 300 mil bolivianos e ítems de trabajo.

En un discurso en castellano y aymara, Choquehuanca destacó la importancia de acompañar desde el Gobierno a los productores para garantizar la seguridad alimentaria con productos orgánicos, principalmente.

Las víctimas son un bebé de cinco meses, otro de 12 meses y un menor de seis años, que vivían en las ciudades de La Paz y El Alto.

En los últimos días, un presunto funcionario de Medio Ambiente y Agua denunció de un supuesto cobro de "coimas", por Bs 19 millones, en la adjudicación de obras.

"Esta descoordinación es una constante del Gobierno del MAS desde Evo Morales, es decir, el Gobierno central haciendo cosas y los municipios haciendo otra cosa por su lado”, añadió el Alcalde de La Paz.

Los casos no están vinculados al caso Alfonso Pedrajas denunciado de pederastia, pero los hechos también son referidos a abusos sexuales que primero fueron presentados a la Curia General.

El resarcimiento procede en cumplimiento a la Ley 1446, del 25 de julio de 2022, que establece el pago en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular.

“Cuando nuestro hermano presidente Luis Arce inicia la 2da mitad de su mandato, ratificamos que acompañaremos la conclusión de su gestión con transparencia en el manejo del Estado y solidaridad con el pueblo trabajador en la aplicación de medidas económicas” (sic), señaló Morales a través de un extenso mensaje en su cuenta de Twitter.

La excusa de los cívicos cruceños para impulsar el revocatorio contra el presidente Arce nace de una pregunta lanzada en uno de los cabildos liderados por el Comité y ante la negativa del Gobierno de aprobar una Ley de Amnistía a favor de presuntos "perseguidos políticos", entre ellos Fernando Camacho.

“El primer hallazgo es que la carne decomisada proviene del burro; segundo, los patógenos encontrados están por encima de los permitidos, lo que puede provocar incluso enfermedades a las y los consumidores”, señaló el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.