La primera denuncia es por los delitos de instigación pública a delinquir y conspiración contra el Estado por sus declaraciones filtradas en las que habla de “deschapar” al Gobierno con revelaciones que harán que la gente “se levante”. La segunda por la presunta adjudicación de un helicóptero en el 2012, que posteriormente desapareció del registro del sistema.
La Viceministra de Comunicación rechazó el anuncio de movilizaciones en contra de dos proyectos de ley, el 280 y 305, y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que desde el año 2000, Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En conferencia de prensa, Juan Carlos Huarachi, aseveró que la COB respeta la “reivindicación social sectorial” de los maestros; sin embargo, cuestionó que la dirigencia de la CTEUB quiera hacer alianza con instituciones como el Conade y el Colegio Médico.
El artículo preveía sanciones de tres a siete años de cárcel contra quienes difundan o promuevan discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, e inciten a la violencia o a la persecución por motivos racistas o discriminatorios.
“Cada vez que existe un conflicto, que existe la posibilidad de complotar contra el Gobierno renace Larrea para convocar a las personas, organizar y aportar a ese complot”, reprochó el Ministro de Salud.
El presidente cívico Fernando Larach convocó a marchas para el martes 18 de abril en rechazo a los proyectos ley 280 y 305 que tienen que ver, en un artículo, con el trabajo de la prensa y a la lucha contra el lavado de dinero, respectivamente.
“El objeto de la ley es perseguir a los grandes criminales, a las organizaciones criminales de narcotraficantes, alcaldes corruptos, exministros que le han robado al país y que están fuera de nuestras fronteras”, dijo el Ministro de Justicia.
