Los Derechos en Serio
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Iván Lima M.
28/02/2019 - 10:20

La Ley Vigente y las denuncias Parlamentarias

Las denuncias de la Asamblea Legislativa muestran la carencia de regulación sobre materia ambiental, Ley de Lobby y falta de registros públicos. Lo que se sabe hasta ahora es la punta de un ovillo, en el que se destaca la labor de investigación y denuncia de las Parlamentarias del MAS y se extraña que la Agenda Legislativa no busque soluciones de fondo.

La relación de los esposos Siñani – Medrano, paso a ser un tema de interés público en los últimos días. La abogada Maricruz Medrano es abogada del Grupo Empresarial propiedad del Empresario Edwin Saavedra; el Grupo que mediante Tersa administra el relleno sanitario de Alapacoma. El Concejal Fabián Siñani, además de su responsabilidad política, ahora fue remitido a la Comisión de Ética del Concejo Municipal. Las principales denunciantes de estos hechos son diputadas como Valeria Silva, Betty Yañiquez, Susana Rivero y Sonia Brito, es previsible que en un año electoral la labor de las instancias institucionales encargadas de fiscalizar por mandato de los ciudadanos sean tachadas de “electoralistas”, esa no debería ser una defensa de los denunciados. En este debate es muy importante que la opinión pública cuente con elementos objetivos que precisen el marco legal de los hechos en debate.

Representación legal de Tersa

Una sociedad anónima como TERSA está representada por su Presidente de Directorio, esa representación legal deriva del articulo 314 del Código de Comercio. Además la sociedad es representada en juicios y procesos administrativos por sus apoderados contractuales, porque un poder o mandato es un contrato que los vincula para actos concretos delimitados por las atribuciones que les otorga la sociedad.

Esta comprobado que en FUNDEMPRESA (concesionario del Registro de Comercio), no figura el registro de ningún poder a favor de la abogada Maricruz Medrano, ella no figura en las actas, ni en ningún documento que la sociedad TERSA registró.

Este hecho más que ser una situación que la libere de responsabilidad, presenta un incumplimiento procesal. Tanto el Código de Comercio, como la ley procesal laboral y civil, son concordantes en que el Acta y el mismo Poder a favor de la abogada tendrían que haber estado registrados. Cualquier duda en esta materia fue despejada por la Sentencia Constitucional 022/2003-R de 8 de enero que obliga a que el Poder inexcusablemente deba estar inscrito en el Registro de Comercio. Si la norma es expresa y obligaba a realizar los registros, la pregunta que se hacen las Diputadas denunciantes es: ¿Por qué no se dio publicidad al acto?.

El tema de la agenda legislativa está referido en los casos del Lava Jato-Odebrecht y en la misma aplicación de la Ley Marcelo Quiroga y se refiere a la constitucionalidad del delito de “uso indebido de influencias”, en su actual redacción el texto podría ser cuestionado en su amplitud. Es muy probable que la versión del Concejal Siñani sea cierta, pero al no tener una “Ley de Lobby” que regule y controle esta actividad, el hecho de que el poder y el Acta no estén registrados es dificil de explicar. Si se recuerda el caso de la denuncia del periodista Raul Peñaranda, sobre los contratos de seguridad de ENTEL, se denunciaba que no existan los “registros legales”, este es el caso de TERSA y su abogada, que no cuentan con un registro "obligatorio". 

La pregunta a Pedro Susz K.

El Concejal Siñani alega que su esposa no realizó ninguna gestión en nombre de TERSA, ya que ella se dedicó a patrocinar asuntos laborales en los juzgados paceños. Sostuvo que no hay riesgo, ni problema de conflicto porque solo patrocina a la empresa. Las diputadas denunciantes sostienen que TERSA tiene como principal cliente al Municipio Paceño, donde el Concejal Siñani es la principal autoridad de Fiscalización y control ético. La normativa laboral obliga a la entidades que contratan con el Estado a cumplir con toda la legislación laboral y los derechos de los trabajadores, más si se trata de personas que recogen y procesan basura porque la relación es desigual entre ellos y la empresa. El Concejal Siñani es responsable de que TERSA respete los derechos de sus trabajadores fiscalizando al SIREMU desde el Concejo Municipal. No se trata por ello de materia que no tenga conexitud.

Las diputadas del MÁS sostienen que la abogada Maricruz Medrano realizó un proceso administrativo de cambio de uso de suelo ante el H. Concejo Municipal de La Paz y que inclusive el Concejal Pedro Susz Kohl se opuso al mismo en la forma y en el fondo. Se trata de Ordenanzas Municipales relacionadas al "World Trade Center Paceño", las Ordenanzas Municipales 538/2016 y 500/2017. La denuncia sostiene que el rol de la abogada Maricruz Medrano, en nombre de una empresa del Grupo Toyota, fue solicitar el cambio del uso de suelo de “aires de río” a “equipamiento” de 47.710 metros cuadrados al inicio de Obrajes. (Un área 4 veces mayor a la Plaza Abaroa valuada en millones de dólares). Los aires de río, es decir el terreno que está hasta los 25 metros de cada orilla, en su crecida máxima, son terreno de dominio público y no privado. Esto es uniforme en la Ley de Aguas de 28 de noviembre de 1906, los artículos 58 y 60 de la Ley de Municipalidades de 1985, el artículo 85 numeral 4) de la Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999 y el artículo 31 inciso d) de la Ley de Municipalidades vigente No. 482 de 9 de enero de 2014.

En esta zona de la ciudad se ha generado infraestructura pública para el transporte masivo, el teleférico y otros. Si bien una inversión de esa magnitud es necesaria para La Paz, lo que no queda claro es si un negocio de esta magnitud puede ser tramitado por la esposa de un Concejal, en este caso la pregunta de la Diputada Valeria Silva, en el tweet en el que pide conocer porque Pedro Susz se opuso en forma y fondo es urgente y necesaria; coincido con ella totalmente en su pregunta. Será imporantante conocer los argumentos y normas que se usaron para cambiar el uso de suelo de aires de río públicos a equipamiento y porque en la gestión de Juan del Granado ese trámite de cambio no pudo concluir. 

Twitter Diputada Valeria Silva

La Agenda legislativa

El tema de fondo en este asunto es el relacionado con la protección a los ciudadanos y el derecho a un medio ambiente sano. Se ve en este caso una debilidad del derecho administrativo sancionador que alarma y llama la atención. La Justicia Penal colapsada y con el 1% de casos solucionados no parece ser la solución. A 10 años de la Asamblea Constituyente, no tenemos implementada la JUSTICIA AGROAMBIENTAL, el brazo AMBIENTAL del Tribunal Agroambiental, no cuenta con el Código de Procedimientos que nos proteja, esto es una afrenta al discurso de la protección a la madre tierra y sin duda un tema que debe ser prioridad de la Agenda de la Asamblea Legislativa. Una vez regulado el trabajo jurisdiccional en materia ambiental, es necesario actualizar la normativa preventiva y los procesos de sanción en esta materia en la que todos somos responsables por acción u omisión.

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