Quiborax
César Sánchez
13/01/2020 - 13:35

La Procuraduría anuncia una auditoría a la defensa que se hizo en el ‘caso Quiborax’

En ese sentido, Cabrera señaló que la auditoría determinara la responsabilidad de exautoridades en ese caso, y apuntó, sobre todo, al exprocurador y exministro de Justicia, Héctor Arce.

El procurador general del Estado, José María Cabrera.

El procurador general del Estado, José María Cabrera, anunció hoy que esa instancia concretará una auditoría, que será realizada por una empresa independiente, a la defensa que se llevó a cabo dentro del sonado proceso Quibiorax, por el que el Estado boliviano tuvo que pagar 42.6 millones de dólares.

Entrevistado por el Deber Radio, Cabrera recordó que en el inicio de ese proceso internacional, Quiborax ofreció llegar a un acuerdo por aproximadamente 3 millones de dólares – lo que a la larga hubiera ahorrado 38 millones de dólares al Estado- pero que ello no se concretó, por esto Cabrera considera que el Estado boliviano tuvo un “pésimo patrocinio” legal.

En ese sentido, Cabrera señaló que la auditoría determinara la responsabilidad de exautoridades en ese caso, y apuntó, sobre todo, al exprocurador y exministro de Justicia, Héctor Arce.

“Arce está involucrado en la investigación el juicio de Quiborax (…) En estos días vamos a concretar la auditoría independiente para que verifique estos serios indicios de responsabilidad para poder repetir y recuperar la suma por parte de las autoridades responsables de ese daño”, aseveró el Procurador General.

Cabe recordar que Quiborax demandó a Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la reversión de sus concesiones mineras en el país el 2004, durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa.

En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015. Finalmente, el 2018 el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

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