La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó siete observaciones en el proceso de contratación para la impermeabilización de piscinas industriales de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), adjudicado en 2016 a la empresa Gerimex SRL por más de Bs 24 millones, informó el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye.
El informe, elaborado de manera conjunta entre la PGE y YLB, observó inconsistencias en la evaluación del formulario A-6, referido al equipo mínimo comprometido para la obra, que no llegó a completarse. También identificó la modificación de criterios de evaluación después de la apertura de propuestas y la asignación de puntajes sin respaldo en los rangos establecidos.
“Existió una inconsistencia respecto a la evaluación del formulario A-6, vale decir, en cuanto al equipo mínimo comprometido para la obra, el cual nunca llegó a completarse”, explicó León, en contacto con medios estatales.
La Procuraduría también observó que el proceso de contratación se inició y sustanció sin certificación presupuestaria y señaló una presunta adjudicación predeterminada. Según el procurador, las irregularidades identificadas podrían adecuarse a tipos penales y serán investigadas por el Ministerio Público.
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León explicó que Gerimex SRL fue adjudicada pese a que otra empresa presentó una propuesta inferior en $us 874.251. Sin embargo, aclaró que el eventual daño económico no se limitaría a esa diferencia, porque el proyecto no estaría funcionando y no estaría generando los resultados esperados.
“El daño económico no es solamente por la diferencia del precio de adjudicación, sino por el costo total de un proyecto que no está rindiendo los frutos necesarios ni está permitiendo que el Estado boliviano los recupere”, afirmó.
El procurador informó que YLB presentará la documentación ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Además, señaló que la PGE planteó la adopción de medidas para garantizar la recuperación de los recursos públicos, entre ellas la anotación de bienes de las personas que sean identificadas como investigadas.