El ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció este lunes que se tiene la “intención” de ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales, pero señaló que es un “proceso”.
“Este es un proceso y ya tenemos la intención de ir y aprehenderlo al señor Morales”, aseveró entrevistado por Asuntos Centrales.
La autoridad señaló que es la posición de Morales de no acudir al llamado de la justicia por lo que tiene una orden de aprehensión, a lo que calificó como “falta de valor civil”.
“Yo a esto le he puesto un título, falta de valor civil. Él lo que tiene que hacer es presentarse ante la justicia porque el mandamiento de aprehensión que tiene es por rehuir a la justicia”, sentenció.
Para el ministro de Gobierno, lo que el expresidente teme es que el juez establezca que existen elementos probatorios suficientes y disponga su detención. “Entonces, no quiere asumir sus responsabilidades que tiene con la justicia”, insistió.
Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata y tráfico de personas, acusado de haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.
Sin embargo, para evitar su aprehensión, Morales se atrincheró en el Trópico de Cochabamba, donde es protegido por sus seguidores, grupos que formaron una “seguridad sindical”.
Al respecto, horas antes, a través de un extenso mensaje en sus cuentas en las redes sociales, Morales afirmó no ser “prófugo ni impune” de la justicia y se declaró “víctima de una brutal persecución política”.
“No soy prófugo ni impune. Soy víctima de una brutal persecución política que empezó con el régimen de facto de Jeanine Añez y continuó con el gobierno traidor de Luis Arce y sus ministros que montaron un consorcio jurídico delincuencial”, señaló Arce.
Morales aseguró que la orden de aprehensión en su contra fue emitida por “un juez nombrado por los usurpadores y autoprorrogados del TSJ y TCP” y “una fiscal que prevaricó y acató órdenes políticas del gobierno de Arce sólo para aniquilarme política, moral y electoralmente”.
“Fui condenado y linchado mediáticamente por un delito inexistente y sin una supuesta víctima. Reabrieron un caso cerrado por falta de pruebas y se inventaron otro delito: Trata. No respetaron el mandato constitucional y universal de presunción de inocencia ni el debido proceso. El Gobierno de Lucho y la exfiscal Sandra Gutiérrez -verdaderos autores de Trata- están impunes porque la Fiscalía del Estado ni siquiera abrió la investigación ante la denuncia de la víctima”, señaló.