El canciller Fernando Aramayo denunció este viernes, durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que algunos sectores movilizados buscan desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz bajo el pretexto de la protesta social, pese a que el Ejecutivo mantiene espacios permanentes de diálogo y negociación con distintos sectores del país.
“Hay que decirlo con claridad frente a la región y esta publicación de ‘Democracias bajo presión’ nos da voz y nos impulsa a hacerlo con mucho más ahínco. Bolivia defiende el derecho a la protesta, protege el disenso ciudadano y reconoce todas las demandas legítimas de las organizaciones sociales, pero el Estado democrático también tiene la obligación de distinguir entre la protesta democrática y las acciones que buscan paralizar el país, afectar derechos de terceros o desconocer la autoridad de un mandato nacido del voto popular”, afirmó.
Aramayo sostuvo que la respuesta del Ejecutivo frente a los conflictos continuará siendo el diálogo y aseguró que esa decisión no debe interpretarse como una señal de debilidad.
“La respuesta de Bolivia siempre va a ser, y la de este Gobierno, el diálogo como un instrumento democrático, no como debilidad”, afirmó.
La autoridad destacó que el presidente Rodrigo Paz participa de manera permanente en espacios de negociación con organizaciones sociales y sectores movilizados, incluso en contextos de tensión y riesgo. “No ha desatendido ningún espacio de negociación”, aseguró.
Como ejemplo, señaló que el jueves el Gobierno sostuvo reuniones con el sector minero desde las 15.00 hasta las 03:00 de la madrugada y posteriormente mantuvo encuentros con juntas vecinales hasta las 05:00. “Esto es vocación democrática, esto es estar al lado del pueblo”, sostuvo.
El Canciller denunció además que el país enfrenta presiones vinculadas al crimen organizado y a economías ilícitas que, según afirmó, intentan aprovechar la conflictividad social para proteger sus intereses.
“En Bolivia vemos cómo las economías ilícitas no están operando aisladas, están penetrando estructuras sociales, estatales y económicas”, alertó.
Aramayo aseguró también que las movilizaciones registradas en el país requieren grandes cantidades de recursos económicos y cuestionó el origen del financiamiento.
“La dinamita no cae del cielo”, afirmó, tras denunciar la movilización de grupos numerosos con provisión de alimentos, pagos, alcohol y explosivos.
En ese contexto, sostuvo que algunas protestas dejaron de responder únicamente a demandas sociales y persiguen objetivos políticos orientados a desconocer el mandato democrático surgido de las urnas.
“Cuando se les dice sentémonos a dialogar y ellos responden que quieren la renuncia del Gobierno, eso ya no es una demanda social”, señaló.
La autoridad remarcó que el Ejecutivo defenderá el derecho a la protesta y el disenso ciudadano, pero advirtió que no permitirá acciones destinadas a paralizar el país ni hechos que afecten derechos fundamentales de la población, como la vida.
“No hay democracia sin diálogo, no hay desarrollo humano sin democracia y no hay democracia que se sostenga sin un Estado capaz de garantizar derechos, cumplir la ley y producir resultados”, concluyó.