A través de un comunicado compartido en las cuentas en las redes sociales de Luis Arce, el equipo legal del expresidente denunció que la justicia rechazó su excepción de extinción de la acción penal por prescripción en el caso Fondo Indígena (Fondioc) y recurrió a una cifra que, según los abogados, no corresponde al hecho concreto por el que se lo juzga, con el objetivo de forzar la imprescriptibilidad del proceso y mantener detenido al exmandatario.
A través de un comunicado, la defensa sostuvo que la autoridad jurisdiccional abandonó el monto real y auditado del único proyecto investigado —el llamado «Proyecto Tomates»— para reemplazarlo por la sumatoria de todos los desembolsos del exFondo Indígena (Fondioc) durante 2010 y 2011, una cifra que alcanza los Bs 327.910.243.
Según el documento, el hecho atribuido a Arce —su participación en una reunión de Directorio del exFondioc— ocurrió el 23 de noviembre de 2009. Al haber transcurrido más de 16 años, los abogados sostienen que el plazo máximo de ocho años de prescripción, establecido en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, ya se cumplió con creces.
La defensa también cuestionó la aplicación de la Ley N° 1390, que exige un «grave daño económico al Estado» de al menos Bs 7.000.000 para declarar un caso imprescriptible. De acuerdo con el comunicado, el único desembolso acreditado en el Proyecto Tomates —respaldado por la Auditoría INF/FDI/DGE/UAI/0130-22, base de la imputación— fue de Bs 669.876,46, apenas un 9,57% de ese umbral.
Advertisement:
Pese a esos argumentos, reclama el equipo jurídico de Arce, el juez declaró improbada la excepción y tomó como referencia la cifra global consignada en la imputación formal de la Fiscalía, del 11 de diciembre de 2025. Los abogados anunciaron que ya interpusieron un recurso de apelación incidental.
El comunicado detalla que el monto global corresponde a la suma de las transferencias que el exFondioc realizó a ocho organizaciones sociales matrices del país entre 2010 y 2011: CSUTCB, Interculturales, Bartolinas, Conamaq, Cidob, APG, Cpem-B y Cpesc. La propia Fiscalía, señala la defensa, reconoce en su imputación que asume esa cifra «de forma provisional» como daño económico total.
Para los abogados, esa lógica implicaría que, por haber participado en una sola reunión de Directorio en 2009, Arce sería responsable de todos los desembolsos ejecutados a nivel nacional durante los dos años siguientes, una atribución que —afirman— carece de sustento jurídico y probatorio.
El equipo legal denunció además una presunta vulneración al principio de «non bis in idem» (artículo 117.II de la Constitución), que prohíbe procesar a una persona dos veces por el mismo hecho. Según el comunicado, el Proyecto Tomates y el Proyecto Miel ya están incluidos matemáticamente en los Bs 53.936.926 atribuidos a las Bartolinas dentro de la imputación global, pero el Ministerio Público habría abierto además un expediente separado por el Proyecto Miel y utilizaría como prueba de cargo otra acusación referida a 153 proyectos del Fondioc.
La defensa sostuvo que, de prosperar el criterio fiscal, cualquier dirigente que haya participado en la gestión o ejecución de los proyectos financiados por el Fondioc quedaría expuesto a una imputación penal, como —según el comunicado— ya habría ocurrido con la exdiputada Lidia Patty Mullisaca, detenida por un proyecto de Bs 669.876. El texto llama a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a mantener vigilancia sobre el proceso, que calificó como parte de «un patrón documentado de persecución política».
El rechazo a la prescripción se produjo el viernes 24 de julio, en una audiencia conducida por el juez anticorrupción Román Castro. El abogado Fernando Rivadeneyra confirmó la decisión y anunció la apelación, calificando el fallo de «exabrupto» y «prevaricador».
Arce, expresidente entre 2020 y 2025 y ministro de Economía durante la gestión de Evo Morales, guarda detención preventiva desde el 12 de diciembre de 2025 en el penal de San Pedro de La Paz, tras ser aprehendido cuando se dirigía a dictar clases en la UMSA. En junio de este año, la Justicia amplió su detención por cinco meses adicionales, citando la complejidad de la investigación.
El proceso lo investiga por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y contratos lesivos al Estado, en relación con el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario. La Fiscalía sostiene que los hechos investigados corresponden a su gestión como ministro y no como presidente, por lo que el caso se tramita en la vía ordinaria.
El caso Fondioc, destapado hace más de una década tras informes de la Contraloría sobre irregularidades en más de un centenar de proyectos financiados con recursos del IDH, ha derivado en órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios y dirigentes. La defensa de Arce ha reiterado en distintas ocasiones su preocupación por la salud del exmandatario, que tiene antecedentes de cáncer renal, aunque autoridades penitenciarias han señalado que su estado es monitoreado por personal médico del recinto y por su médico particular.