El concejal Fernando Ruiz Saldias cuestionó la convocatoria del alcalde César Dockweiler a la Asamblea de la Paceñidad para abordar la crisis por la acumulación de basura y afirmó que el Ejecutivo municipal estaría utilizando ese espacio como un mecanismo para proyectar una imagen de consenso ciudadano. En su lugar, dijo, la Comuna debería de asumir las responsabilidades que le corresponden frente al conflicto con las empresas concesionarias del servicio de aseo.
En ese sentido, informó que el Concejo Municipal aprobó una minuta por la cual exige resolver el conflicto.
“Estaría utilizando de forma instrumental la Asamblea de la Paceñidad para generar una apariencia de consenso ciudadano y de ‘unidad paceña’ ante una crisis de gestión que le es atribuible”, afirmó Ruiz Saldias considerando que la convocatoria fue realizada con apenas un día de anticipación.
Además, cuestionó que se busca presentar la emergencia como un problema que debe ser compartido con la ciudadanía y las organizaciones sociales, mientras se reduce el papel institucional del Concejo Municipal.
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El concejal sostuvo que el Ejecutivo intenta “gobernar con la Asamblea” en lugar de hacerlo mediante los mecanismos institucionales previstos en el régimen municipal, lo que, a su juicio, vulnera la facultad de fiscalización del Concejo y proyecta la imagen de una administración que no está pudiendo resolver la crisis por sus propios medios.
Concejo exige una salida contractual
El Concejo Municipal aprobó, además, por unanimidad una minuta de comunicación impulsada por Ruiz Saldias que recomienda al Ejecutivo adoptar medidas urgentes, respaldadas por informes técnicos, financieros y legales, para resolver el conflicto con La Paz Limpia (LPL) y Tratamiento de Residuos de Bolivia (Trebol).
La iniciativa busca garantizar la continuidad del servicio de aseo urbano, restablecer el diálogo con las empresas y los trabajadores y evitar un mayor impacto sobre el patrimonio municipal.
Ruiz Saldias remarcó que la solución debe encontrarse dentro del contrato de concesión vigente. “La sección G de las modificaciones del contrato establece claramente que ante variaciones en las condiciones macroeconómicas que alteren los costos de operación, corresponde un reajuste”, señaló.
Entre las principales recomendaciones aprobadas figura la elaboración inmediata de informes técnico, financiero y legal que determinen si corresponde modificar los contratos debido al incremento de los costos operativos.
La minuta establece que, si los estudios concluyen que el ajuste es procedente, el municipio podrá avanzar en la suscripción de un contrato modificatorio único. En caso contrario, plantea evaluar la resolución contractual por caso fortuito, siempre dentro del marco legal.
Asimismo, el documento exige cuantificar de manera precisa cuánto ha costado al municipio el operativo de contingencia desplegado desde junio de 2026, incluyendo personal, volquetas, maquinaria, combustible y otros recursos públicos, con el fin de identificar posibles sobrecostos o duplicidad de gastos.
La minuta también dispone que el despliegue de maquinaria municipal para recoger residuos no afecte otros servicios esenciales ni la atención de emergencias.
Además, establece que la disposición final de los residuos debe realizarse únicamente en sitios autorizados y bajo supervisión de la autoridad competente, respetando la normativa ambiental vigente.
El Concejo pidió igualmente que la Alcaldía mantenga abierto el diálogo técnico y jurídico con las empresas concesionarias y los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo que garantice la prestación ininterrumpida del servicio.
Finalmente, el Ejecutivo deberá informar periódicamente al Concejo sobre el avance de las negociaciones, los resultados de los informes técnicos, la situación de los contratos y el cronograma de acciones destinadas a restablecer completamente el servicio de aseo urbano.
El origen del conflicto
La Paz Limpia y Trebol redujeron sus operaciones durante los últimos días debido al incremento del salario mínimo nacional y al aumento del costo de los combustibles, factores que, según ambas empresas, alteraron las condiciones económicas bajo las cuales prestan el servicio.
“El incremento del salario mínimo a 3.300 bolivianos, sumado al alza de los combustibles, es una realidad macroeconómica que cambia por completo los costos de operación”, señaló La Paz Limpia en un comunicado.