El flamante fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, afirmó que asumirá el desafío de institucionalizar el Ministerio Público hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designe a otra autoridad.
En contacto con el canal estatal, señaló que ingresa “a un campo de guerra” debido a la existencia de personal que aún respondería a la anterior administración, por lo que sostuvo que la institución debe estar conformada por funcionarios idóneos y comprometidos con la ley.
En ese sentido, anunció la realización de auditorías a casos que generaron cuestionamientos dentro del sistema de justicia, entre ellos procesos relacionados con la liberación de narcotraficantes, integrantes de bandas internacionales y personas acusadas de delitos graves. La nueva autoridad sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia de revisión institucional destinada a transparentar el trabajo del Ministerio Público.
“Es una Fiscalía que estamos recibiendo con muchos cuestionamientos, una Fiscalía manchada y el desafío es limpiar ese Ministerio Público, y dejarlo transparente, eficaz y que sirva a la sociedad”, señaló.
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En esa línea, remarcó que uno de los principales objetivos de su gestión será recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la credibilidad de la institución.
Asimismo, afirmó que la Fiscalía se convirtió en un “brazo extorsivo y de encubrimiento” de la comisión de delitos, situación que, a su criterio, debe cambiar mediante una profunda reingeniería institucional.
Agregó que los fiscales deben responder “de la manera más franca y oportuna” en aquellos casos que despertaron preocupación pública, con el fin de garantizar una justicia transparente que brinde seguridad jurídica, tranquilidad y paz social.
Respecto a las demoras en los procesos judiciales, explicó que el Ministerio Público cuenta con sistemas de seguimiento que permiten identificar problemas como la falta de jueces o el abandono de causas por parte de abogados.
Finalmente, aseguró que impulsará medidas para evitar acefalías, fortalecer la presencia institucional en todos los departamentos y garantizar la cantidad de fiscales necesaria para atender las causas de manera oportuna.