El director ejecutivo nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime José Sanabria, anunció el inicio del proceso de reversión del derecho minero, la suspensión de actividades, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y la coordinación de una intervención con la Policía Boliviana, con el propósito de frenar las actividades de explotación aurífera informal e ilegal y evitar posibles afectaciones ambientales en el área minera “El Dorado”.
Este espacio se encuentra en el municipio de Quillacollo, en las cercanías de Misicuni. La autoridad precisó que el área comprende 13 cuadrículas y corresponde a un derecho minero preconstituido, otorgado el 15 de noviembre de 2005, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), a favor del actor productivo minero José Luis Eulogio Mir Franco.
Según explicó en conferencia de prensa, el titular dejó de pagar las patentes mineras desde la gestión 2014 y no solicitó el correspondiente proceso de adecuación. Estos incumplimientos dieron lugar a las acciones administrativas iniciadas por la actual gestión.
Por otra parte, ante las declaraciones del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, quien atribuyó a la actual administración de la AJAM el otorgamiento del derecho minero en el sector, Sanabria aclaró que, si bien la competencia para otorgar derechos mineros corresponde a esa institución, en este caso el derecho fue concedido por la AJAM durante el gobierno del MAS.
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“La AJAM actual no ha otorgado ningún derecho minero, sino que ha sido la AJAM del gobierno del MAS. La competencia en cuanto al derecho minero es de la AJAM, efectivamente”, puntualizó.
Respecto a las declaraciones del exdirector departamental de la AJAM Cochabamba, quien manifestó que el caso era conocido desde 2023, Sanabria señaló que la situación se arrastraba desde hace varios años y que, durante las anteriores gestiones, no se realizaron intervenciones ni inspecciones en el área.
“Ellos han estado en funciones hasta hace pocos meses atrás y durante todos estos años no han hecho ninguna intervención, no han hecho ninguna inspección, ninguna verificación”, manifestó.
Por otra parte, el director nacional explicó que, en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 535, la AJAM identificó actividades mineras informales dentro del perímetro del derecho preconstituido, así como actividades de explotación fuera de sus límites, lo que constituye minería ilegal.
“Ha estado haciendo actividad informal dentro del perímetro de la concesión, pero también ha estado haciendo actividad fuera del perímetro del área minera, lo que constituye minería ilegal”, explicó.
Ante estos hechos, la institución presentó de oficio una denuncia penal ante el Ministerio Público y se constituyó en denunciante para coadyuvar en las investigaciones y en el establecimiento de responsabilidades.
En cuanto a las acciones administrativas, Sanabria informó que se inició el proceso de reversión del derecho minero por falta de adecuación, cuyo trámite podría concluir en un plazo aproximado de una semana.
También señaló que se emitió una resolución administrativa que dispone la suspensión de las actividades mineras en el área. Paralelamente, se determinará el monto adeudado por concepto de patentes mineras, correspondiente a casi 12 años de incumplimiento, para iniciar el cobro coactivo, al tratarse de una deuda con el Estado que no prescribe.
Respecto a las acciones operativas, anunció que se coordinará una intervención en el área minera junto al Ministerio Público y la Policía Boliviana para proceder, conforme a ley, al decomiso y, cuando corresponda, a la destrucción de maquinaria, equipos y otros elementos utilizados en la explotación ilegal.
Añadió que se realizarán las actuaciones necesarias para identificar a los responsables y frenar las actividades no autorizadas. Aclaró que, en un primer intento, no fue posible ingresar al sector debido a la presencia de trancas y estructuras que impedían el acceso, por lo que no se pudo establecer la cantidad de maquinaria existente.
En cuanto a la situación ambiental, el director nacional expresó su preocupación por las posibles afectaciones evidenciadas mediante registros fotográficos y señaló que el área se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari, declarado área protegida por normativa nacional.
Además, señaló que la AJAM no otorga licencias ambientales y que corresponde a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, como autoridad ambiental competente, realizar las inspecciones y disponer las medidas que correspondan ante posibles impactos ambientales.
“Nosotros nunca hemos autorizado ninguna actividad minera y no hemos otorgado ninguna licencia ambiental”, enfatizó.