Tras más de tres horas de análisis, deliberación e información sobre las consecuencias económicas de un nuevo alivio tributario, la Asamblea de la Paceñidad determinó por unanimidad rechazar cualquier iniciativa de perdonazo impositivo que, según la Alcaldía, implique dejar de percibir Bs 750 millones destinados al desarrollo de la ciudad. Asimismo, recomendó impulsar una acción popular y respaldó la adopción de medidas constitucionales para resguardar los recursos municipales.
Durante la sesión, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, presentó un informe detallado sobre el impacto que tendría la aprobación de la propuesta impulsada desde el Concejo Municipal, explicando que los recursos comprometidos ya están contemplados en el presupuesto de la gestión 2027 y financian proyectos fundamentales para la población.
“Los 750 millones de bolivianos que se pretende perdonar a un grupo reducido de deudores morosos afectarían considerablemente al desarrollo de nuestra ciudad. Son recursos que ya están inscritos en el presupuesto 2027 y que permitirán ejecutar proyectos de educación, salud, bacheo, gestión de riesgos, alumbrado público y muchas otras necesidades de los paceños”, explicó Dockweiler.
La autoridad municipal señaló que la propuesta presenta observaciones de carácter constitucional y legal, debido a que, según explicó, no habría cumplido los procedimientos de consulta ni considerado las implicaciones presupuestarias que una decisión de esta naturaleza representa para el municipio.
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En ese sentido, destacó que los representantes de las organizaciones e instituciones que conforman la Asamblea de la Paceñidad coincidieron en la importancia de proteger los ingresos municipales y garantizar que quienes mantienen obligaciones tributarias pendientes cumplan con sus responsabilidades, evitando que los recursos destinados al desarrollo de La Paz se vean comprometidos.
Como resultado de la deliberación, la Asamblea de la Paceñidad aprobó una resolución de rechazo a cualquier proyecto de alivio tributario que afecte los ingresos municipales. También solicitó que se respete la legalidad y legitimidad de la directiva del Concejo Municipal y que se expliquen los fundamentos de la normativa propuesta.
Asimismo, determinó designar a una persona para que, de ser necesario, represente a la ciudadanía en la presentación de una acción popular, además de respaldar las medidas constitucionales que impulse el Ejecutivo Municipal.
Al respecto, Dockweiler anunció que el Gobierno Municipal trabajará en dos acciones constitucionales: una acción de inconstitucionalidad abstracta y una acción de cumplimiento, con el propósito de resguardar el marco legal y los recursos económicos de la ciudad. También señaló que se evaluarán las acciones correspondientes ante el Ministerio Público si se persiste en avanzar con la normativa cuestionada.
El Alcalde destacó que la decisión asumida por la Asamblea de la Paceñidad refleja la preocupación de las organizaciones e instituciones de la ciudad por garantizar la sostenibilidad financiera del municipio y preservar los recursos que permiten atender las principales necesidades de la población.