El Alto, 15 de enero (Oxígeno).- El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó este jueves que, mediante la Gerencia Distrital El Alto,  presentó una querella penal en contra de ocho ciudadanos, entre ellos dirigentes cuenta propistas, por la comisión de los delitos de secuestro, discriminación agravada, resistencia a la autoridad y por impedir el ejercicio de funciones, como consecuencia de un incidente que se originó en la no emisión de facturas en un restaurante.

El Presidente del SIN, Erik Ariñez Bazán, informó que el martes 13 de enero del año en curso, la Gerencia Distrital El Alto presentó la denuncia penal en contra de Sara Arce, Lidia Blanco Quispe, Yoacir Calamani Barrientos, Claudio Alvarez Saravia, Rubén Apaza Condori, Justiniano Apaza Flores, Delia Quispe Cruz y Gumercindo Quispe Apaza, quienes agredieron física y verbalmente, y retuvieron por la fuerza -el viernes 9 de enero- al Gerente de la Distrital El Alto y a dos servidores públicos y controladores del SIN.

Dichos servidores públicos de la Administración Tributaria desarrollaban operativos coercitivos para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes; sin embargo, evidenciaron que en el Restaurante Churrasquería SINAI (inscrito en el Régimen General), no extendieron la factura respectiva a una cliente por la venta de almuerzos consumidos.

A principios de esta semana, Ariñez explicó que esa agresión se registró en el Restaurante Churrasquería SINAI (inscrito en el Régimen General), ubicado en la calle 3 de la avenida Franco Valle, donde un grupo de comerciantes   agredieron a los servidores públicos, a quienes rescató la fuerza pública.

Ante esta contravención tributaria, los servidores públicos realizaron el Acta respectivo e inmediatamente la propietaria del negocio Sara Arce procedió con las agresiones descritas, les despojó de sus herramientas de trabajo, secuestró a los servidores y convocó a los dirigentes de la Federación de Trabajadores por Cuenta Propia de El Alto para que refuercen su conducta ilegal, quienes convocaron a sus bases a detonar petardos para azuzar a una mayor reacción en contra de los servidores públicos, según el informe oficial.

Ante estos hechos y en estricto cumplimiento de la legislación en vigencia, se inició la acción legal correspondiente contra los infractores y agresores, a quienes la justicia deberá sancionar rigurosamente.