Política

“El Tribunal Constitucional, en esta segunda etapa del balotaje, va a continuar en esa tarea, en ese afán de no entorpecer las elecciones. Nadie, ya sea particular o político, puede entorpecer las elecciones del 19 de octubre”, afirmó el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado.

La posibilidad de que el Senado trate la Ley – y la apruebe- puso en alerta tanto al Gobierno boliviano como al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Creemos en la transición democrática, en la entrega transparente y ordenada hacia el nuevo gobierno electo. Es importante que todos los bolivianos y bolivianas que queremos vivir en democracia apoyemos este hecho histórico que viviremos”, señaló el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce.

El Fiscal general recordó que una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca ya declaró que la justicia ordinaria no puede procesar a magistrados del TCP, por lo que corresponde que el caso pase a instancias legislativas.

“Como ejecutivo les decimos que nosotros nos vamos igual, si van a hacer esta Ley, si van a suspender al TSE, no hay necesidad que esperemos al 8 (de noviembre). Inmediatamente nos iremos y dejaremos en una sucesión constitucional para que vean quien maneja el destino del país hasta que resuelvan lo que han armado”, alertó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.

Ayer, el Presidente del TSJ presentó una denuncia en contra de los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo,  prorrogados en el TCP, por los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes debido a que se mantienen en sus cargos a pesar de que su mandato feneció en diciembre de 2023.

“En la primera vuelta, todos los actores aceptaron los resultados. ‘Fraude’ es una palabra muy fuerte, ¿no? Si gente ha identificado irregularidades y quiere poner una queja o una denuncia a los resultados de la primera vuelta, hay instancias para recibir eso”, afirmó eljefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), Alexander Gray.

La decisión de exigir el carnet de vacunación para cobrar el bono fue rechazado por los padres de familia y también la Defensoría del Pueblo, bajo el argumento podría ser una medida discriminatoria.

“Lamentamos que esta convocatoria, que había generado tanta expectativa en la población, no se haya concretado, porque se pierde un espacio valioso: que la ciudadanía tenga acceso a un debate plural y calificado”, señala el pronunciamiento.

Ayer, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia presentó una denuncia en contra de los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, prorrogados en el TCP, por los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes debido a que se mantienen en sus cargos a pesar de que su mandato feneció en diciembre de 2023.