Venezuela
Redacción Oxígeno
29/07/2016 - 08:43

Amnistía Internacional denuncia que decreto venezolano equivale a trabajo forzado

El decreto establece que aquellas personas que trabajen en empresas públicas y privadas pueden ser llamadas a trabajar en organizaciones estatales especializadas en la producción de alimentos.

El decreto pretende aliviar la crisis de alimentos que provoca largas filas en los supermercados.

El Ministerio venezolano para el Poder Popular del Trabajo Social dispuso la Resolución N° 9855, que establece un régimen laboral transitorio, que contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario, para todas las entidades públicas y privadas del país.

El decreto establece que aquellas personas que trabajen en empresas públicas y privadas pueden ser llamadas a trabajar en organizaciones estatales especializadas en la producción de alimentos. También establece que deberán trabajar temporalmente en estas compañías por un mínimo de 60 días, cuando sus “contratos” pueden ser renovados automáticamente por un período extra de 60 días o se les permitirá regresar a sus trabajos originales.

Amnistía Internacional denunció que el decreto equivale a trabajo forzado. En Venezuela, varias organizaciones han mostrado su desacuerdo.

Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía International, opina que el decreto no ayuda a superar la crisis. “El Nuevo decreto es completamente inútil en cuanto a encontrar formas para que Venezuela pueda salir de la crisis en la que ha estado sumergida por años. Las autoridades Venezolanas deben enfocarse en pedir y llevar de manera urgente la ayuda humanitaria que millones de personas necesitan en todo el país y desarrollar un proyecto efectivo a largo plazo para abordar esta crisis”, explicó.

Abogados, sindicalistas y políticos del país se han pronunciado en contra del decreto, Pedro Moreno ejecutivo de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) la ve como “una muestra más del proceso de militarización de las relaciones laborales”, y reclama que violenta el derecho a elegir el trabajo y va en contra de los convenios internacionales promovidos por la Organización Internacional del trabajo (OIT).

También es una carga mayor para los empresarios porque deben reemplazar a los trabajadores que el Estado requiera.

El presidente del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sidicato (Fadess), Froilán Barrios, también habló del tema. “El artículo 29 de Trabajos Forzosos de la OIT- establece a no obligar al trabajador a una actividad que no pida y le prohíbe a los entes públicos establecer condiciones de trabajo forzoso”, dijo en una entrevista en Unión Radio.

Los trabajadores se organizan para exigir la anulación del decreto.

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