La Cámara Nacional de Apelaciones de Argentina ratificó el proceso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y defraudación al Estado en una causa que investiga la concesión de obras públicas.

El tribunal también confirmó el embargo por 10.000 millones de pesos (588.235 dólares) que en diciembre de 2016 decretó el juez federal Sebastián Ercolini contra la exmandataria.

La Cámara Federal de Argentina también confirmó el proceso contra Cristina Kirchner en la causa por fraude en la obra pública. La expresidenta está acusada por asociación ilícita que concentró gran parte de la obra pública en poder del empresario Lázaro Báez.

La Cámara Federal también avaló el procesamiento del ministro de Planificación Federal de su Gobierno, Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas, el detenido José López; del empresario Lázaro Báez, también encarcelado, y de funcionarios de Vialidad Nacional. E incorporó a Abel Fatala que se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas.

Origen de la causa

El juez Ercolini procesó a Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral Construcciones, perteneciente a Lázaro Baez.

El dueño de Austral fue el principal beneficiario en las obras públicas que se realizaron en la provincia argentina de Santa Cruz (sur) durante el Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y durante los dos siguientes de Fernández.

Báez se encuentra en prisión desde abril de 2016 en el marco de otro caso por supuesta evasión y lavado de dinero.