La declaración se da en un contexto tenso en la relación con Bolivia, por la detención de 9 funcionarios y la intimidación, detención y expulsión de periodistas bolivianos. El presidente Morales denunció a Chile ante el mismo Consejo por la violación sistemática de los derechos humanos de los bolivianos que transitan en la frontera.
La OEA presentó un informe en el que afirma que el gobierno de Nicolás Maduro viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana y pide suspenderlo.
La declaración ha sido firmada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
El fiscal jefe de Pozo Almonte presentó la acusación por tres delitos: robo con violencia de intimidación, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.
Cerca de 3,5 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua. En América Latina, el 8% de las personas no tendrían acceso al agua potable.
