Nacional

“Algunas regiones están determinando la realización del carnaval, nosotros  recomendamos de extremar los protocolos de bioseguridad, aplicar mecanismos que garanticen su cumplimiento y además aquellos municipios que estén determinando esta autorización tomen las previsiones para el posible incremento de casos”, afirmó el Ministro de Salud.

En su reporte semanal, el ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que durante la última semana el país tuvo un descenso general del 46% de contagios de Covid-19 y ocho de los nueve departamentos presentan disminución de casos.

Lima afirmó que ahora le corresponde a la Policía Boliviana y al Ministerio de Gobierno ejecutar esas órdenes.

El Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, se reunirá con autoridades de Gobierno; sin embargo, también tiene previsto sostener encuentros con jueces, abogados, mecanismos de supervisión de la Policía, instituciones y mecanismos nacionales de derechos humanos y sociedad civil.

Para dar tranquilidad a la administración del Albergue Peluchín, el subalcalde Terrazas confirmó que con estos trabajos el problema del desajuste del suelo quedó resuelto. “Se ha logrado enfrentar el problema del desajuste ya identificado.

La posición fue expresada este domingo desde la Basílica Menor de San Francisco por el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Giovani Arana.

“Si (Carlos Mesa y Fernando Camacho) nos van a plantear que se reforme la Constitución (para temas relacionados a la justicia) a cambio de que no sean investigados y procesados, y no le demos estas tres palabras que tenemos a partir del informe del GIEI, memoria verdad y justicia al pueblo, definitivamente no vamos a aceptar un acuerdo que busque esa impunidad”, indicó el Ministro.

El Vocero Presidencial acotó que los actos, decretos y leyes que autorizó y promulgó la expresidenta, hasta el último día de su mandato, son causales de otro u otros procesos, como el juicio de responsabilidades por las muertes y masacres en Sacaba y Senkata, entre otros.

Ambos detenidos tenían una sentencia de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, pero fueron beneficiados con detención domiciliaria."Queremos decirles a las y los familiares de las víctimas que estamos para darles justicia y que ningún mal administrador de la justicia va a evitar que llevemos a cabo este compromiso instruido por nuestro Presidente (Luis Arce)", indicó el Ministro de Gobierno.

El 2 de febrero, la Fiscalía imputó formalmente a Calvo y solicitó a la autoridad jurisdiccional que aplique medidas cautelares personales entre la presentación al Ministerio Público, un arraigo, fianza económica y otras garantías. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz es investigado por el delito de ejercicio indebido de la profesión en la Caja Petrolera de Salud.