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Ayer, miércoles, se conoció que la Procuraduría General del Estado solicitó formalmente a la Fiscalía que se emitan las órdenes de aprehensión en contra Juan Ramón Quintana y los dirigentes evistas Ponciano Santos y Humberto Claros, todos acusados por los delitos de Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir y Terrorismo por los 24 días de bloqueo evista.

A la cita no acudieron ni el presidente del Estado, Luis Arce, ni el dirigente cocalero Evo Morales. Por parte del Gobierno asisten los viceministros de Autonomías y  de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alvaro Ruiz y Juan Villca, respectivamente. En cambio, Morales acreditó a sus abogados Wilfredo Chávez y Nelson Cox.

“La variación mensual de octubre llegó a 1,64%, con lo cual tenemos una variación acumulada de enero a octubre de 7,26%. Lamentablemente esta inflación mensual de octubre está explicada fundamentalmente por los efectos perniciosos de los bloqueos inhumanos que se han realizado por alrededor de 24 días”, explicó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

Evo Morales afronta dos denuncias en Argentina, una realizada por la Fundación Apolo y otra por el Gobierno de vecino país, por los delitos de trata y abuso de menores. 

“Es un golpe al Tribunal Electoral que los reduce a una simple oficina de trámites, de conteo de votos y que no tiene autoridad sobre el proceso electoral”, manifestó el Alcalde de La Paz en un contacto con la prensa, mostrando su indignación ante la medida adoptada por la Sala Cuarta del TCP.

“Somos una institución muy seria, en el momento que nos notifiquen, si fuera el caso, vamos a pronunciarnos como institución (…). Corresponde hacer una advertencia, el Tribunal Constitucional, ni por si acaso debería irrumpir en una competencia que tiene el Órgano Electoral, de hacerlo estaría transgrediendo al sistema electoral”, dijo el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi.

“Va a cumplir con la presentación de un informe, a partir de ellos vamos a ir evaluando”, aseveró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

La ATT afirma que la carretera nueva que une a Santa Cruz con Cochabamba, pese a estar libre de bloqueos, se mantiene intransitable por el momento ya que las vías están con escombros o con obstáculos que deben ser retirados para la circulación.

En concreto, el TCP dispuso declarar desierta la convocatoria a magistrados y magistradas para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando; y para el Tribunal Constitucional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

La Alcaldía de La Paz había presentado una denuncia penal por destrucción de bienes del Estado contra las personas identificadas, "entre ellas María Galindo, representante de la organización Mujeres Creando y 13 miembros más de esta agrupación”, detalló la directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Amparo Morales.