El Gobierno transitorio, a través de la Procuraduría General del Estado, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una demanda contra el expresidente Evo Morales y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por “delitos de lesa humanidad por actos inhumanos.”

La denuncia se sustenta en que los bloqueos de caminos protagonizados por diferentes organizaciones sociales, a la cabeza de la COB, durante el pasado mes de agosto impidieron el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos a la población civil.

De este modo, la demanda fue planteada bajo la figura legal específica de "actos inhumanos (...) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental" y enuncia una serie de hechos que llegaron a provocar el fallecimiento de 40 personas por falta de oxígeno.

El procurador general del Estado, José María Cabrera, presentó de forma personal la denuncia y sostuvo una reunión con la fiscal general de la Corte Penal, Fatou Bensouda, quien comprometió la investigación de los hechos.

Al respecto, la presidenta del Estado, Jeanine Añez, se pronunció al respecto y aseguró que “la impunidad no puede prevalecer” en el país.

“En estos momentos, la PGE está en la CPI de La Haya, presentando la denuncia por delitos de lesa humanidad en contra de Evo Morales y otros, por el cerco a las ciudades que causó más de 40 fallecidos por falta de oxígeno medicinal. La impunidad no puede prevalecer”, señaló.