El Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y presentar una consulta previa de constitucionalidad sobre la "Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas", aprobada por el legislativo.

“El MAS en la ALP mantiene el afán de bloqueo y vulneración de Derechos Humanos. Ante ello, la Pdta Jeanine Añez remitió al TCP la consulta sobre el proyecto de "Ley de permanencia obligatoria, en territorio nacional, de autoridades" Ésa es una propuesta política y revanchista.” (sic), informó, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

La norma en cuestión tiene el objetivo de “establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado el mandato o ser destituido la o el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes, las Directivas y Oficialías Mayores dela Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.

Por otra parte, el Artículo 4 del Proyecto señala que “las autoridades salientes que incumplan la presente ley serán pasibles penalmente”

En su momento, y tras su aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, destacó el propósito del Proyecto que prácticamente determina el arraigo de altos funcionarios públicos, a fin de que rindan cuentas de sus respectivas gestiones en instancias del Estado.

“Hemos visto durante esta gestión de nueve u ocho meses que algunos funcionarios, no voy a decir todos, han huido del país llevándose grandes cantidades de dinero; eso ya no podemos permitir las autoridades que aún estamos en vigencia”, subrayó la autoridad.

No obstante, cabe recordar que la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que la llamada “Ley de arraigo’, aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados esta mañana, “transgrede los estándares internacionales de derechos humanos”.

“El proyecto de ley que obligaría a autoridades de los tres niveles del Estado a permanecer en el país por tres meses luego de la finalización de su mandato (“ley de arraigo”) transgrede los estándares internacionales de derechos humanos. La rendición de cuentas es fundamental, pero su realización no debe violentar la presunción de inocencia y el debido proceso, ni colocar una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación que incluye la potestad de toda persona a salir libremente de su país”, señaló la oficina de la ONU a través de un comunicado.

Asimismo, la OACNUDH hace énfasis en “la relevancia que supone el respeto a las garantías judiciales, el debido proceso y la presunción de inocencia”.