A un año de la ‘masacre’ de Sacaba – en la que tras un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas 12 personas murieron por impacto de bala-, la Defensoría del Pueblo denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas  instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien este domingo participó en el acto conmemorativo a un año de la ‘masacre’ de Sacaba, indicó que el caso se mantiene en etapa preliminar porque la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas ponen obstáculos para brindar información sobre los operativos, pese a que la investigación se amplió contra el Gral. de Ejército, Alfredo Cuellar, y contra el Cnl. Jaime Zurita, quien en ese entonces era Comandante Departamental de la Policía en Cochabamba”.

“Ha sido un año de impunidad, un año en que el Gobierno Transitorio después de dar las órdenes para que las Fuerzas Armadas y la Policía intervengan y masacren a los compañeros, para que los vayan a cazar como en su momento lo dijo el ex Comandante Departamental de la Policía, se han encargado de socapar y de ocultar información, de declararla como reservada para no aportar a la justicia y ocultar a quienes dispararon ese día en Huayllani”, manifestó Cruz.

Cruz observó que durante este año la Fiscalía General no hizo nada y a la Policía Boliviana que era la encargada de dirigir la investigación, no le interesó esclarecer estos hechos. “Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público, entonces es un año de impunidad”, remarcó.

La Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades solicitó a la Policía Boliviana y a las FFAA   los planes de operaciones y el listado de los efectivos policiales y militares que intervinieron de manera conjunta, sin embargo, esa información fue declarada en reserva y confidencial, bajo el argumento de que la seguridad del estado peligraba si daban a conocerla. “Es decir, han mantenido en la  impunidad (esos hechos), han ocultado la información, ellos mismos se han encubierto”, apuntó.

“La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público y al Órgano Judicial a dar celeridad a las investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones, para buscar memora, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares y que estos asesinatos no queden impunes”, manifestó.

Cruz observó, asimismo, que en el lado de la Policía y de las Fuerzas Armadas no se produjo ninguna baja ni ningún herido de consideración, “por lo que hoy, con más claridad que hace un año, se puede volver a decir que lo ocurrido en Huayllani fue una masacre organizada desde el Gobierno Transitorio y no un enfrentamiento”.