Después de que el presidente Luis Arce promulgara la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo, la Gaceta Oficial del Estado publicó la norma este viernes.

La norma, que fue aprobada la madrugada del pasado sábado en la Cámara de Diputados y sancionada el martes por el Senado, consta de un artículo único y dos parágrafos, que ratifican, para 2024, la entrega de resultados de la encuesta nacional.

“En base a los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda, que emita el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024”, señala el primer parágrafo de la norma.

Entretanto que el segundo punto indica que “el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda, conforme a la fecha del parágrafo precedente, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

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Mira la norma:

La Ley de Aplicación de los Resultados del Censo fue promulgada la mañana de este viernes por el presidente del Estado, Luis Arce.

En un mensaje televisado, Arce afirmó que promulga la ley para evitar un “golpe de Estado” en su contra y el derramamiento de sangre de la población.

“Evitar que se consuma un golpe de Estado, que haya derramamiento de sangre del pueblo, no es traición. La vida es el valor supremo a cuidar y mientras esté como presidente haré todo lo que esté en mis manos sin tranzar mis principios políticos e ideológicos para que no se derrame la sangre del pueblo”, enfatizó Arce.

Así, el Jefe de Estado hizo alusión a quienes observaron que elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fija para el 23 de marzo de 2024 el empadronamiento nacional, era una traición al Movimiento Al Socialismo (MAS) porque implicaba acuerdos con fuerzas parlamentarias de oposición.

“La ley aprobada no es una ley de la derecha, fue una ley propuesta por el MAS-IPSP que no vulnera competencias del nivel central del Estado, que respeta el Decreto Supremo (4824) y que no dice nada más que lo que establece la Constitución Política del Estado”, remarcó.

Relató que con “algunos” diputados y senadores del partido oficialista evaluaron “con una mirada distinta” el conflicto en Santa Cruz – ciudad que acató un paro de más de 30 días por el censo- y las estrategias para resolverlo y que ello no significa que su gobierno y esos asambleístas planteen un “horizonte político distinto” al partido oficialista.

“Debemos aprender a respetar otros criterios y a escucharlos”, demandó.