A través de un comunicado, la Vicepresidencia del Estado afirmó que, en su calidad de presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), actuó de forma oportuna “en la emisión y aprobación de las herramientas normativas para hacer efectiva la Convocatoria para la Postulación y Preselección de Candidatos a los cargos de Magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”.

En ese sentido, la Presidencia de la ALP aseveró que sus acciones y la normativa aprobada y proyectada en la legislatura 2022-2023 para el proceso de Convocatoria para la Postulación y Preselección de Candidatos “ consideró los precedentes de las gestiones 2011 y 2017, procesos que concluyeron exitosamente con la elección de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”. No obstante, recordó que el proceso iniciado en la ALP para la preselección de los Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial “ha sido objeto de una serie de Acciones de Defensa, inconstitucionalidad y de consulta previa cuya resolución ha demorado el señalado proceso”.

Por eso, la Vicepresidencia rechaza las acusaciones que atribuyen al Órgano Legislativo la imposibilidad de gestión para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y asevera que “se ha actuado oportunamente en el proceso”.

Ayer, jueves, en conferencia de prensa, el presidente del Estado, Luis Arce, responsabilizó a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el retraso en la realización de las elecciones judiciales y la actual crisis que ocurre en el Órgano Judicial.

“Lo hemos dicho siempre, ¿de quién es la responsabilidad de la elección de los magistrados y del órgano judicial?, ¿es responsabilidad del Gobierno? (…) No pueden responsabilizar al Gobierno por eso, políticamente de todos nos quieren responsabilizar, lo que revela el afán de descarte contra el Gobierno nacional”, afirmó Arce.

El Jefe de Estado, en ese sentido, aseveró que la Constitución Política del Estado establece que las elecciones judiciales es un tema del Legislativo.

“Ellos son los que han generado este problema, no nosotros, ni nuestra bancada”, acotó.

Las elecciones judiciales están paralizadas desde el primer semestre de este año. Primero, una Sala Constitucional y luego el propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) paralizaron el proceso en dos ocasiones, al anular la convocatoria para la inscripción de pre candidatos y definir que todas las etapas del proceso deben aprobarse por dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Luego, para evitar un vacío de poder en las autoridades judiciales, cuyos mandatos fenecen el 2 de enero, el Senado aprobó una Ley de las Elecciones Judiciales; sin embargo, la Comisión de Diputados decidió remitirlo a consulta, entre otras instancias, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya Sala Plena lo remitió al TCP mediante una consulta de constitucionalidad, en septiembre pasado.

Finalmente, el pasado martes 12 de diciembre el TCP declaró inconstitucionales varios artículos de esa Ley y resolvió que las actuales autoridades judiciales – del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura- se prorroguen en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.