Hay algo profundamente obsceno en ver a los altos mandos militares desfilar al ritmo de los discursos del poder político, demostrando que la dignidad de las Fuerzas Armadas fue intercambiada por una promoción y quien sabe que más. En Bolivia, la desinstitucionalización es un proyecto macabro y deliberado. Se ha vaciado a la institución militar de doctrina, de honor, de tradición, de orgullo profesional y patriótico, para convertirla en una suerte de “sonso útil”. Se nombran comandantes de pocos merecimientos, que cada cierto tiempo son traicionados y usados como fusibles por el mismo gobierno que los promueve.

A riesgo de generar ataques epilépticos en alguna gente, quiero contrastar esto con nuestro vecino, Chile, donde las Fuerzas Armadas no solo son respetadas, sino que respetan el orden institucional y constitucional. En Chile, la doctrina de Estado se impone sobre la política coyuntural. La institucionalidad militar chilena, criticada a veces por su rigidez, ha sabido ser una barrera firme contra los excesos del poder. Cuando un gobierno gira demasiado a la izquierda o a la derecha, no lo hace sin sentir el frío metálico del sable apoyado en su nuca. Sabe que hay una estructura llena de orgullo y honor detrás, que no está dispuesta a prostituirse por cuotas de poder. No es que en Chile los militares manden, sino que su sola existencia, con autonomía y doctrina, disuade la tentación autoritaria.

Para alguien que ha llevado una vida entera de sacrificios, de entrenamiento riguroso, de códigos de honor, es un insulto que un grupo de personajes circunstanciales, y muchas veces sin méritos propios, decida sobre su destino profesional. Que la Asamblea vote si un coronel merece o no el ascenso, como si se tratara de un nombramiento en cualquier comisión camaral, es una aberración institucional. El uniforme se lo gana con años de persistencia y perseverancia, no con votos.

Al igual que Bolivia, los militares necesitan una desintoxicación. Volver al principio elemental, donde los ascensos se decidan dentro de las Fuerzas Armadas, por comités profesionales, con criterios técnicos y trayectoria verificable. Que el presidente solo le ponga la firma, como quien bendice un proceso legítimo que no le pertenece. Que la política mantenga sus manos lejos. Porque solo una institución militar independiente puede cumplir su misión constitucional de custodiar el Estado, también, cuando los gobiernos lo traicionan.

Las Fuerzas Armadas deben ser autónomas e implementar una doctrina coherente, no para gobernar, sino para evitar ser gobernadas por la política. Y mientras sigamos viendo generales buscando ascensos y mendigando favores, sabremos que la derrota de nuestros soldados no ocurrió en el campo de batalla, sino en los pasillos de la Asamblea Legislativa.