La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, aseguró este martes que el Gobierno nacional respeta la independencia de poderes y las decisiones del Órgano Judicial, pero instó a no olvidar los hechos luctuosos ocurridos en 2019, que dejaron al menos 37 muertos, más de 400 heridos y 70 víctimas de tortura, según informe del GIEI.

“Respetamos la independencia de poderes y, por supuesto, las resoluciones de las autoridades judiciales o de las autoridades que componen cualquiera de los órganos del Estado. Sin embargo, también es importante instar a todas y a todos a no olvidar los hechos lustrosos que se han suscitado en nuestro país el 2019”, afirmó Saravia en conferencia de prensa.

Recordó que esos sucesos motivaron la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), a solicitud incluso del gobierno de Jeanine Áñez, cuya investigación confirmó que en Sacaba y Senkata ocurrieron masacres con uso desproporcionado de la fuerza, principalmente por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

“El informe del GIEI concluye que hubo graves violaciones de derechos humanos y recomienda al Estado garantizar justicia, memoria, verdad y reparación. Esa es nuestra responsabilidad como país”, recalcó la ministra.

Según las investigaciones, se registraron más de 166 víctimas, de las cuales 37 fallecieron.

“Tenemos a 420 víctimas heridas y 70 víctimas de tortura, que han sido reconocidas y han adquirido esa calidad por expertos internacionales que dependen de diferentes instancias de derechos humanos (…). Como Estado, lo único que nos queda es garantizar la reparación, la indemnización, pero sobre todo que no exista impunidad por memoria, verdad y justicia”, remarcó.

En ese contexto, Saravia recordó pronunciamientos del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, que pidieron al Estado boliviano investigar, juzgar y sancionar a los responsables de tortura y uso excesivo de la fuerza en 2019, así como brindar reparación integral a las víctimas.

“En su momento observaron el Decreto 4078 firmado por la señora Añez y su gabinete, que determinó ‘eximir de responsabilidad penal’ a las Fuerzas Armadas que participen de los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos y estimulando la represión violenta”, precisó la autoridad.

Explicó que el Estado participa como parte en tres procesos judiciales vinculados a los hechos de 2019, incluidos los denominados casos ‘Golpe I y II’, además del de las masacres de Sacaba y Senkata.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que instruyó revisar el cumplimiento de plazos de la detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, del exlíder cívico potosino, Marco Pumari; y también de la expresidenta Jeanine Añez.

Tras la instrucción, tribunales convocados a audiencias a los tres imputados. Ayer, de hecho, un Tribunal de EL Alto dispuso anular los obrados del proceso ordinario que se había iniciado en contra de Añez en la justicia ordinaria y dispuso que la expresidenta sea procesada a través de un juicio de responsabilidades.

Sobre esta última decisión, que generó rechazo entre las víctimas de Senkata, la Ministra de Justicia reiteró que corresponde al Ministerio Público investigar y al Órgano Judicial juzgar dentro de sus competencias, pero enfatizó que no puede haber impunidad.

Además, este martes se espera la resolución judicial de la audiencia que se lleva contra Camacho y Pumari por el caso ‘Golpe I’, y en el que se espera se levante su detención preventiva.