Horas después de que lograra su libertad irrestricta por el caso ‘Decretazo’, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consiguió una medida igual por el ‘caso carro bombero’.

En el caso 'carro bombero' se investiga la presunta adquisición irregular de un carro bombero por parte de la Gobernación de Santa Cruz, por un valor de Bs 1.730.000, que no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos por la Policía Boliviana y que no fue entregado en el plazo estipulado.

En primera instancia, la justicia había dispuesto la detención domiciliaria de Camacho, además del pago de Bs 350.000 de fianza.

Sin embargo, en audiencia desarrollada la tarde de este jueves, el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 22° de Santa Cruz decidió levantar la detención domiciliaria de Camacho y redujo su fianza a Bs 50 mil bolivianos. Sumado a su arraigo -dispuesto por otro de los casos que se sigue en su contra- Camacho está obligado a presentarse al juzgado una vez al mes.

Así, los seguidores del gobernador electo esperan que éste pueda salir de la cárcel de Chonchocoro de La Paz, donde cumple detención preventiva por diversos casos, en los próximos días y retorne a Santa Cruz para reasumir sus funciones como autoridad departamental.

Y es que en menos de una semana, suman cuatro las resoluciones judiciales que se da a favor del gobernador cruceño.

En días pasados, distintos tribunales otorgaron la detención domiciliaria para Camacho por el caso denominado como ‘Golpe de Estado I’ y también por el referido al paro de los 36 días que lideró el 2022 por el censo. A eso suma que este jueves consiguió su libertad por el ‘caso Decretazo’, referido la emisión de un decreto departamental mediante el cual Camacho, antes de viajar al exterior, designó como autoridad interina al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador, Mario Aguilera.

Las audiencias judiciales se producen días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera la revisión de cumplimiento de plazos de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Añez, Camacho y ex líder cívico potosino, Marco Pumari.