El juicio oral contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso “Carro Bombero”, fue suspendido hasta el 20 de octubre.

La autoridad jurisdiccional determinó suspender la audiencia por la ausencia del fiscal asignado al caso, quien alegó problemas de salud, y por la incomparecencia de una de las partes denunciantes, según reportaron medios locales.

Camacho debía enfrentar cargos por la presunta compra con sobreprecio de un carro bombero, proceso impulsado por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el diputado Rolando Cuéllar, quien denunció una supuesta adquisición fraudulenta por parte de la Gobernación.

Cuéllar lamentó la postergación de la audiencia y cuestionó al Ministerio Público por “darle un mes más de gobierno a Camacho”.

“El Ministerio Público le está regalando un mes más de mandato a un gobernador que debería ser sentenciado y destituido por haber robado a Santa Cruz”, afirmó el legislador en contacto con los medios.

Camacho, cabe recordar, salió de la cárcel de Chonchocoro de La Paz, el pasado viernes, tras casi tres años de detención preventiva. La libertad del Gobernador cruceño se dio tras recibir cuatro fallos judiciales a su favor en menos de una semana, tras el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto a verificar el cumplimiento de los plazos de su detención preventiva, además de la de la expresidenta Jeanine Añez y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

El proceso judicial analiza la presunta adquisición irregular de un vehículo de emergencia por parte de la Gobernación cruceña, con un contrato firmado el 28 de enero de 2022 con la empresa AMB Representaciones, por un valor de Bs 1.730.000.

Según la denuncia, la adjudicación fue realizada por invitación directa, sin licitación pública, y el vehículo no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por la Policía Boliviana. Además, fue entregado fuera del plazo estipulado, lo que derivó en la disolución del contrato.

En este proceso, además de Camacho, están siendo investigados un exfuncionario de la Gobernación y el representante legal de la empresa adjudicataria.