El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, alertó este lunes que la figura de la detención preventiva es usada para “vender ilusiones” a la población en lugar de avanzar en los procesos hasta llegar a una sentencia.

En contacto con la prensa, Saucedo aseveró que la detención preventiva “no es la solución al problema”, en alusión a los reclamos de las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba y Senkata respecto a que acusados de los casos, como exjefes policiales y militares, salieron de prisión beneficiados con medidas sustitutivas.

“La detención preventiva no es la solución del problema. Estamos acostumbrados a que nos vendan ilusiones, nos venden ilusiones diciendo que (los acusados) están con detención preventiva cuando lo importante es llegar a la sentencia”, aseveró.

Advirtió que mientras los casos de Sacaba y Senkata, así como otros, no tengan sentencia “es seguirle mintiendo al pueblo boliviano” y acotó que en el TSJ “no estamos para mentirle”.

Semanas atrás, el TSJ emitió un instructivo en el que ordenaba a todos los tribunales del país a verificar los plazos procesales de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

Ante el reclamo del resto de la población carcelaria, luego el TSJ instruyó realizar jornadas de evaluación de todos los casos de detención preventiva en el país.

A raíz del instructivo, Añez logró que tribunales anularan los obrados de los procesos ordinarios por los casos de Senkata y Sacaba y señalaran que la expresidenta – considerada ‘de facto’ por el actual Gobierno- debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.

Fruto de las decisiones de los tribunales, jefes militares y policiales lograron beneficiarse con las resoluciones y salir de las cárceles donde cumplían detenciones preventivas, hecho que fue cuestionado por las víctimas de las ‘masacres’, por el Gobierno y hasta organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos).

Ambos organismos internacionales expresaron su preocupación respecto a las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares “sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019”.

La CIDH y la ONU DDHH, en ese sentido, también alertaron que los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia y dicha decisión también generó el rechazo de instituciones como la Defensoría del Pueblo debido al “riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna”.