La principal autoridad del Ministerio Público, Roger Mariaca, informó este miércoles que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en contra de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y definió remitir el caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que esa instancia decida si juzga o no a los denunciados a través de un juicio de responsabilidades.

“Es menester poder informar que la comisión de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca y la fiscal analista, analizando diferentes antecedentes que ya cursan en otras decisiones fiscales y jurisdiccionales y otras decisiones dentro de la Asamblea Legislativa, es que la fiscal analista ha determinado el remitir la denuncia presentado por el presidente de la TSE ante la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señaló Mariaca.

El Fiscal general recordó que una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca ya declaró que la justicia ordinaria no puede procesar a magistrados del TCP, por lo que corresponde que el caso pase a instancias legislativas.

En ese sentido, aseveró que el caso y sus antecedentes serán remitidos a la presidencia de la Cámara de Diputados y sea esa instancia que decida el procesamiento de los magistrados denunciados.

“Que sean ellos quienes consideren el procesamiento para estas personas que fueron denunciadas en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca”, aseveró.

Mariaca afirmó que si tras su respectivo debate, tanto en Diputados como en el Senado, el legislativo define que los magistrados sean juzgados, recién el Ministerio Público iniciará con las investigaciones correspondientes.

Ayer, el Presidente del TSJ presentó una denuncia en contra de los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo,  prorrogados en el TCP, por los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes debido a que se mantienen en sus cargos a pesar de que su mandato feneció en diciembre de 2023.

Su accionar recibió el apoyo de otras autoridades judiciales del TSJ, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.

No obstante, los magistrados denunciados advirtieron que con esas acciones se busca descabezar al TCP con el afán de generar incertidumbre respecto al proceso electoral y perjudicar el balotaje del 19 de octubre.

“Actualmente hay acciones concretas, tanto de ciertos legisladores como del Órgano Judicial que, procurando el descabezamiento de este Tribunal Constitucional, buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y con ello amenazar la democracia y la segunda vuelta electoral”, denunció el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.