El fiscal general del Estado, Roger MAriaca, afirmó este viernes que la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, está fundamentada como marca la constitución y las leyes y pidió a la Policía boliviana ejecutarla.

“Está fundamentada como manda la Constitución Política del Estado y el principio de objetividad”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que se entregó la orden a la policía de Santa Cruz, Tarija y el resto de los departamentos para que se dé cumplimiento al mandamiento.

“Se ha entregado a la Policía Boliviana el día de ayer, tanto en el departamento de Santa Cruz y otras unidades policiales y así también lo que es ya la Policía de Tarija, para que se pueda dar ejecución al mismo y esta persona pueda ser aprehendida y puesta ante una autoridad fiscal, dijo Mariaca.

Asimismo, respondió a las críticas emanas en contra de la Fiscalía por ordenar la aprehensión de Dorgathen a menos de un mes de terminar la gestión del Gobierno.

Finalmente, explicó que la orden de aprehensión fue sin previa citación porque “al existir, primero los indicios que están en el cuaderno, que ellos mismos han hecho llegar como Aduana, una denuncia de más de 50 hojas. Entonces todos los indicios y elementos que ellos han vertido, no podemos nosotros como ministerio público, calculando políticamente dejar de investigar”.

Ayer se conoció que la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra del Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acusado de “contrabando de exportación agravado” de combustible, con un daño económico de 14 millones de dólares.

Según la orden de prehensión que se difundió en las últimas horas, la denuncia fue presentada por Rodrigo Acuña Sánchez, quien es identificado como administrador de  la Aduana Nacional en la Frontera  de Yacuiba y la orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Yeison Américo Plata Maldonado.

Gobierno: No hubo contrabando ni daño económico al Estado

Entretanto, la ministra de la Presidencia, María Nela Parada, defendió la inocencia de Dorgathen y afirmó que no co0metió contrabando ni generó daño económico al Estado. Aseguró que las operaciones observadas corresponden a exportaciones de gas debidamente autorizadas por normativa vigente.

“Hemos visto la conferencia que hizo la presidenta de la Aduana junto a un gerente de Yacimientos, en la que quedó claro y seguramente lo confirmarán las investigaciones que no se trata de contrabando ni de daño económico al Estado”, afirmó Prada, según reporte de la Red Uno.

La ministra, en ese sentido, recordó que Bolivia mantiene contratos internacionales de exportación de gas con Argentina y Brasil, enmarcados en un decreto supremo que regula y autoriza dichas operaciones.

“Nosotros, como es de conocimiento público, exportamos gas a la Argentina y a Brasil. Hay un decreto supremo que justamente da el marco para que esas exportaciones se viabilicen”, explicó.

Prada instó a que las investigaciones de la Fiscalía se desarrollen con celeridad, objetividad y transparencia, para esclarecer los hechos y evitar la desinformación.

“Esperemos que las investigaciones sean lo suficientemente ágiles y con la verdad, para que se vea que los recursos de la exportación ingresan al país y son los que nos generan dólares, entre otras fuentes, para poder comprar combustibles”, sostuvo.

Asimismo, pidió que el proceso no se utilice con fines políticos ni se convierta en un espectáculo mediático.

La defensa de YPFB, Aduana y ANH

Desde YPFB, la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos se defendió la inocencia de Dorgathen y se aseguró que las exportaciones de gas natural se realizaron conforme a la normativa vigente

Por una parte, desde Aduana señalaron que la denuncia fue hecha por exfuncionarios de la institución, quienes habrían sido destituidos horas antes de presentar la denuncia contra Dorgathen.

En conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Liliana Serrudo Miranda, aclaró que la denuncia fue realizada sin autorización institucional.

Serrudo aseguró que los exfuncionarios "actuaron a nombre de la Aduana Nacional cuando ya no formaban parte de la institución" y presumió que lo hicieron como un acto de venganza tras ser alejados de sus funciones.

“Nos sorprendió que la denuncia fuera presentada el mismo día en que los funcionarios fueron desvinculados de la institución. Usaron el logo y sellos oficiales sin autorización, lo que constituye usurpación de funciones. La Aduana se querellará contra ellos”, anunció Serrudo.

Por su parte, el gerente de Contratos de Exportación de Gas de YPFB, Óscar Claros, afirmó que las operaciones de exportación a Argentina y Brasil se desarrollan bajo control aduanero, fiscalización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en cumplimiento de la Ley 3058 de Hidrocarburos.

“Todas nuestras exportaciones son legales. No existe contrabando ni daño económico alguno. Por la operación observada, YPFB recibió 14 millones de dólares facturados, depositados en las cuentas oficiales del Banco Central de Bolivia”, sostuvo Claros.

Serrudo, en la misma línea, aclaró que el Decreto Supremo 28174 exime expresamente a las exportaciones de gas destinadas a Brasil y Argentina de requerir permisos adicionales, lo que confirma la legalidad de la operación.

Lo expresado también fue confirmado por Joel Callaú, director ejecutivo de la ANH, quien además recordó que esta institución es la única encargada de emitir las autorizaciones respectivas para la exportación de hidrocarburos.

“La ANH regula y fiscaliza toda la cadena de hidrocarburos. En este caso, las exportaciones de gas a esos dos países se encuentran debidamente autorizadas y cumplen con todos los requisitos legales”, aclaró.