De oficio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIH) programó una sesión sobre la situación de las investigaciones de las masacres de Sacaba y Senkata en Bolivia.

Según la información oficial, la sesión será el miércoles 19 de noviembre y participarán la Asociación de personas fallecidas de la masacre de Sacaba, la Asociación de personas fallecidas y heridas de la masacre de Senkata y la Asociación de viudos/as, huérfanos/as, heridos/as; y torturados/as “Víctimas de la masacre de Senkata del departamento de La Paz”.

También se consigna la participación del Estado boliviano y un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para América del Sur.

Ya el pasado 12 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) expresaron su preocupación debido a los fallos judiciales referidos a las mascares de Sacaba y Senkata que, advierten, “puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

Ambos organismos internacionales expresaron su preocupación respecto a las decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares “sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019”.

La CIDH y la ONU DDHH, en ese sentido, también alertaron que los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia y dicha decisión también genero el rechazo de instituciones como la Defensoría del Pueblo debido al “riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna”.

Asimismo, los organismos alertaron que las recientes decisiones judiciales se constituyen en un “serio obstáculo” para implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), y otras instituciones, para la búsqueda de “verdad, memoria y justicia” sobre los hechos del 2019.

“Estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos.”, señala el documento.

En ese sentido, los organismos recuerdan que el informe del GIEI recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba. El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares.

su informe final que es "fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz". También señaló que "debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad".

Asimismo, hacen notar que el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales, subrayando la necesidad de investigaciones prontas, independientes e imparciales que aseguren verdad, justicia y reparación.

Además, recomendó "garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas (…) y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares".

“La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación”, concluye el pronunciamiento.

Las decisiones judiciales de los casos de las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, entre los que se incluye las disposiciones de que la expresidenta Jeanine Añez sea procesada a través de un juicio de responsabilidades y no en un proceso ordinario, se dieron después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera la revisión de los plazos procesales de las detenciones preventivas de Añez, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

En consecuencia del instructivo, Añez, Camacho y Pumari recuperaron su libertad tras ganar distintos procesos que se seguían en su contra por diversos casos.