La Fiscalía de Chuquisaca admitió la denuncia presentada por dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) electos en las elecciones judiciales del 2024 en contra de sus colegas “autoprorrogados”.

La denuncia fue realizada por las magistradas Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca en contra de los cinco magistrados “autoprorrogados” y por los delitos de Acoso Político contra Mujeres y Falsedad Ideológica.

La causa fue asignada a un fiscal especializado para el inicio de la investigación preliminar, según reporte de Correo del Sur.

“La suscrita fiscal de materia (…) informa el inicio de investigación en atención a los memoriales de subsanación a la denuncia (…). (Los) denunciados (son) Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo”, señala parte de la resolución fiscal emitida por la fiscal Jhenny Torrico Delgadillo.

La determinación de la fiscal de la Unidad de Análisis instruye al Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Chuquisaca a dar inicio formal a la investigación, marcando así los primeros pasos en el proceso judicial que busca esclarecer los presuntos delitos cometidos en el contexto de la ampliación irregular de mandatos dentro del TCP.

El pasado lunes, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) electos el 2024, a través de un video publicado en las redes sociales, se plantaron en contra de los magistrados “autoprorrogados” de esa institución y denunciaron que a través del “dominio” en Sala Plena y la Comisión de Admisión coartan la facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cesarlos de sus respectivos cargos.

Las elecciones judiciales del 2024 se desarrollaron de forma parcial debido, precisamente, a un fallo del TCP que anuló el proceso para determinados departamentos. Ante ello, cinco magistrados siguen ejerciendo funciones a pesar de haber cumplido su gestión y gracias a un auto constitucional que les permite “autoprorrogarse” hasta que sus reemplazos sean elegidos mediante el voto popular.

En ese sentido, Boris López, Paola Prudencio, Amalia Laura y Ángel Dávalos, los cuatro magistrados elegidos en las elecciones judiciales 2024, denunciaron que los “autoprorrogados” cometen “anomalías” sistemáticas para mantenerse en el cargo, sobre todo al emitir auto constitucionales para anular leyes y proyectos de ley de la Asamblea Legislativa.

En ese sentido, rechazaron que los autoprorrogados frenaron en tres oportunidades la cesación de sus funciones y “lesionando el principio fundamental que nadie puede ser parte y juez en su propio interés”.

Los magistrados electos denunciaron que a través de auto constitucionales, los ‘autoprorrogados’ frenaron la aplicación de las Leyes 073, 075, además de los proyectos de Ley 124 y 259, elaborados y tratados por la ALP, con el objetivo de evitar el cese de sus funciones.

Según Boris López, Paola Prudencio, Amalia Laura y Ángel Dávalos, un auto constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de un Proyecto de Ley

“Estos abusos y anomalías tienen un fin: la permanencia para ejercer el dominio de la Sala Plena y la Comisión de Admisión. Estas conductas sistemáticas de hecho cortan la facultad de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional de sancionar una ley que cese en funciones a los cinco ‘autoprorrogados’ y restituya la institucionalidad en el TCP, olvidándose que la soberanía reside en el pueblo boliviano”, añadieron.

Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció la existencia de un auto constitucional 070/2025 que busca una tercera prórroga de mandato para los cinco magistrados, cuya gestión debía concluir en 2023. “Como las autoridades legítimas del TCP ya se han manifestado, hay un auto constitucional 070/2025 que busca una tercera prórroga para quienes ya culminaron su gestión”, sostuvo.