El vicepresidente del Estado, junto a representantes de prestatarios y microempresarios,pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) levantar la medida cautelar que suspende la aplicación de la  Ley 1670 de Diferimiento de Créditos.

Lara señaló que, pese a que la norma fue promulgada y estaba en plena vigencia, su aplicación quedó paralizada por “una acción de inconstitucionalidad presentada por un diputado que responde a los intereses de los grupos más poderosos de este país, específicamente de los banqueros”, lo que, dijo, derivó en embargos, desalojos y procesos judiciales contra familias “que debían estar protegidas por la ley”.

Afirmó que la medida cautelar fue impuesta por los “autoprorrogados” -ya cesados de sus funciones- y afecta “a miles de familias bolivianas”, a quienes, señaló, “le están quitando sus casas y les están sometiendo a procesos injustos”.

El vicepresidente indicó que la medida judicial no solo detuvo la aplicación de una norma, sino que “interrumpió la protección que el Estado debe garantizar a los sectores más vulnerables, dejando sin resguardo a personas al borde de perder su vivienda, su pequeño negocio o su movilidad”.

“Una medida cautelar debe evitar daños irreparables, no generarlos”, remarcó Lara, señalando que la decisión abrió la puerta a embargos y desalojos que hoy golpean “a madres de familia, microempresarios, transportistas, jóvenes emprendedores y trabajadores”.

En ese sentido, Lara pidió al TCP “con respeto pero con firmeza” levantar la medida cautelar, “no por intereses políticos ni sectoriales, sino porque la justicia constitucional no puede convertirse en causa de sufrimiento para el pueblo”, afirmó.

“Cuando una decisión golpea a los más humildes, levantarla deja de ser solo un tema jurídico, es un acto de humanidad”, señaló.

Por eso, anunció que el equipo jurídico de la Vicepresidencia presentará este jueves las acciones legales correspondientes para solicitar formalmente al TCP el levantamiento de la medida cautelar y que la norma vuelva a tener plena vigencia.

Según información oficial, la ley introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.

Se propuso esta medida debido a que un amplio sector de la población, especialmente microempresarios, pequeños empresarios y autónomos, enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias a causa de fenómenos climáticos adversos, conflictos sociales y la compleja situación económica. Además, se busca prevenir la pérdida de viviendas o el cierre de pequeños negocios por deudas no pagadas.

El diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, sino a una reprogramación temporal de las cuotas, lo que garantiza que los deudores continuarán con sus pagos una vez finalizado el periodo de suspensión. Así, la deuda no desaparece, sino que se pospone de manera accesible.

Asimismo, la ley también busca asegurar la estabilidad del sistema financiero al evitar un aumento en las ejecuciones judiciales que podrían afectar aún más la economía.