El Senado envía a comisión integrada el Proyecto de Ley que busca sancionar bloqueos
El Proyecto de Ley busca modificar el artículo 213 del Código Penal con el objetivo de agravar las sanciones por bloqueos de caminos, estableciendo penas de 8 a 10 años de cárcel para quienes incurran en este tipo de acciones que afecten la libre circulación y la economía nacional.

El pleno de la Cámara de Senadores decidió, por 2/3, remitir a la Comisión Integrada el Proyecto de Ley que busca sancionar los bloqueos de caminos y que fue presentada por la legisladora Claudia Mallón.
Según información oficial del Senado, la decisión de pasar el Proyecto de Ley a una Comisión Integrada “permitirá que distintas comisiones analicen de manera conjunta el alcance, los efectos y los aspectos legales del proyecto, fortaleciendo el debate técnico y legislativo antes de su tratamiento en el Pleno”.
“La decisión se sustenta en el artículo 55 del Compendio Normativo de la Cámara de Senadores, que establece que, ‘a sugerencia de la presidenta o del presidente de la Cámara, dos o más comisiones podrán reunirse para tratar temas que por su importancia o urgencia necesiten del concurso de más de una comisión’”, añade la información de la Cámara Alta.
Entretanto, la senadora Mallón especificó que la Comisión Integrada estará formada por las comisiones de Constitución y Justicia Plural.
Mallón aseguró que se garantizará el derecho a la protesta, al ser un mecanismo legítimo, pero enfatizó que también se deben tomar en cuenta las millonarias pérdidas que generan los bloqueos.
La legisladora explicó que la comisión trabajará mediante mesas técnicas y se convocará a los sectores involucrados, como organizaciones sociales y empresarios, para socializar la normativa.
Indicó que no existe un plazo definido en el reglamento, pero se espera contar con resultados en los próximos 90 días a partir del trabajo técnico.
El Proyecto de Ley busca modificar el artículo 213 del Código Penal con el objetivo de agravar las sanciones por bloqueos de caminos, estableciendo penas de 8 a 10 años de cárcel para quienes incurran en este tipo de acciones que afecten la libre circulación y la economía nacional.
