La Paz, 27 de mayo (Oxígeno).- El Tribunal Supremo Electoral hizo conocer este lunes que presentará una denuncia ante el Fiscal General del Estado por los presuntos delitos de traslado fraudulento de personas desde otros lugares hacia el municipio de San José de Chiquitos en el departamento de Santa Cruz y presunta obstaculización de los procesos electorales. El anuncio se dio horas después de que el Comité Cívico de San José de Chiquitos realizó un paro contra esa medida destinada a afectar el proceso electoral de octubre de este año-

"Se remitirá los antecedentes al Ministerio Público donde se realizará la investigación de los supuestos delitos mencionados", dice el boletín del Tribunal Supremo Electoral.

El municipio de San José realizó un paro cívico durante mediodía en rechazo al supuesto traslado de personas de otros departamentos para inscribirse en el padrón de dicho municipio con miras a las elecciones presidenciales y municipales. Señala al Movimiento Al Socialismo (MAS) de patrocinar estas inscripciones irregulares. Los josesanos amenazaron con radicalizar las medidas de presión para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Germaín Caballero, alcalde de San José, informó que la medida fue adoptada después de una reunión entre dirigentes, cívicos y pobladores del municipio, no descartando masificar las acciones.

El bloqueo del corredor bioceánico que une a la capital cruceña con Puerto Quijarro y Puerto Suárez y otras movilizaciones permanentes, son las acciones que podrían extenderse de manera indefinida.

La posición del TSE

Según un boletín de la autoridad electoral, la denuncia se sustenta en el artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral el cual establece que constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones.

inciso (i) Traslado Fraudulento de Personas. La autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Las delegadas y los delegados de organizaciones políticas que sean acreditadas o acreditados en lugar distinto al de su domicilio, no incurren en este delito.

inciso (h)Obstaculización de procesos electorales. La persona que promueva desordenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedara inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años

El  TSE sanciona faltas electorales, pero los delitos similares al denunciado en la región cruceña son de tuición del Ministerio Público de acuerdo al artículo 239 de la Ley del Régimen Electoral que en el inciso (i) indica que el juzgamiento de los delitos tipificados por la presente Ley  y/o por el Código Penal corresponde a la justicia penal ordinaria. Su trámite se sujetará al Código de Procedimiento Penal. Las autoridades electorales que  tengan conocimiento de la comisión remitirán los antecedentes al Ministerio Público, bajo responsabilidad, informa el boletín.