En primer lugar, es necesario precisar que el IPC desde su primera publicación en 1995   se refiere a la percepción de la corrupción en los países, porque según esta ONG internacional, los hechos de corrupción pública “solo se conocen a través de escándalos, investigaciones o juicios”, esto quiere decir que TI trabaja el índice con “opiniones informadas de actores relevantes”, tal como afirma en algunos documentos de su página web.

Es por esa razón que varios estadistas y especialistas internacionales en materia anticorrupción atribuyen a los informes anuales de TI, cierto sesgo y una marcada línea política conservadora pro empresarial; con el tiempo se ha ganado estos calificativos, por la poca transparencia en el manejo de fuentes y las diferentes metodologías en el procesamiento de datos que le caracterizaba especialmente antes de 2012, año en el que realizan una actualización metodológica, por ello y como la mayoría de sus colaboradores reconoce, se debe precisar que el IPC está destinado para medir la percepción de la corrupción, no la realidad.

En segundo lugar, otros cuestionamientos centrales a la objetividad del Trabajo de Transparencia Internacional, son el contexto histórico de su creación, los fundadores y las fuentes con las que trabaja el IPC.

La creación del organismo se remonta a 1993 pocos años después de la caída del muro de Berlín, por lo que no es accidental que la sede se encuentre en esa ciudad, TI junto a otros organismos internacionales se fundaron casi inmediatamente después de la guerra fría para consolidar el mundo unipolar capitalista sobre las bases de un nuevo orden mundial que emergía vigoroso, por ello TI tiene entre sus principales fundadores a Peter Eigen, exdirector regional del Banco Mundial, Michael J. Hershman, exmiembro de los servicios de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, Frank Vogl, asesor de comunicaciones para el mundo de las finanzas a través del Banco Mundial, y George Moody Stuart, un gran potentado de la industria azucarera mundial. Su financiamiento es poco transparente ya que no se tienen datos exactos, pero gestionaba en 2016 aproximadamente un presupuesto de 24.178.409 euros, recursos provenientes de agencias gubernamentales de diversos países, especialmente de Alemania, agencias multilaterales como la Comisión Europea, fundaciones y el sector privado internacional.

Algunas de las 13 fuentes de las que gestiona información son el Economist Intelligence Unit , fundada en 1946 como una firma mundial de investigación y asesoría empresarial; no podía faltar la Freedom House  fundada en 1941 nacida para la defensa del mundo “libre” frente a la ex URSS por lo que se autodefine como “vigilante de la libertad y promotora de la democracia liberal y los derechos humanos en el mundo”; el Centro de Competitividad Mundial de IMD  que es una escuela de negocios que promueve la educación ejecutiva de “líderes mundiales”; el Banco Mundial  creado en 1944 con sede en EE.UU. operador internacional del mercado financiero global cuyo objetivo para américa latina fue implementar medidas de ajuste estructural (neoliberalismo) para el pago de la deuda externa de los países; el Foro Económico Mundial  creado en 1971 tiene como objetivo mejorar la situación mundial formando líderes empresariales, políticos, académicos y de otros tipos para definir la agenda global; y entre otras finalmente la célebre “Variedades de Democracia” (V-Dem) , proyecto internacional que busca trabajar la complejidad del concepto de democracia como sistema de Gobierno, cuya valoración busca establecer Gobiernos autoritarios en el mundo que supuestamente restringen libertades “democráticas”, aunque se trate en realidad de libertades de mercado.

De este breve repaso por los antecedentes de Transparencia Internacional podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que este organismo es parte indiscutible de la red de gendarmes del capitalismo mundial, por lo que sus estudios y conclusiones no son independientes e imparciales y tienen una intencionalidad política, la de desacreditar a los Gobiernos No Alineados al orden mundial y al imperialismo norteamericano desde la cómoda crítica abstracta que se funda en simples “percepciones” de corrupción, por ello, no es casual que el IPC sirva de instrumento para desacreditar a los Gobiernos progresistas de izquierda que impulsan transformaciones estructurales en el marco de su soberanía nacional; y que las fechas de su publicación le resulte ideal a la derecha boliviana para opacar el último mensaje presidencial en el que se detallan los avances y logros del Estado Plurinacional en esta nueva gestión de Gobierno del Movimiento al Socialismo.

Finalmente, lo que importa a los bolivianos más allá de las “percepciones”, es la realidad de los logros conseguidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que dicho sea de paso han sido reconocidos durante toda la última década por los organismos internacionales legítimos y acreditados para hablar sobre Anticorrupción, como la Convención Interamenricana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la cual Bolivia es Estado Parte.

La calificación de 30 puntos sobre 100 que se asigna a Bolivia en el IPC, carecen de credibilidad frente a las decenas de medidas de prevención y lucha contra la corrupción implementadas por el Estado Boliviano, como la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ley 341 de Participación y Control Social, Ley 458 de Protección de Denunciantes y Testigos, la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, la conformación de la Red de Jóvenes por la Transparencia; y sin ir lejos los logros de la gestión 2021, como la implementación del Formulario de denuncias en línea, la reciente promulgación de la Ley 1390 de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupción, los juicios por delitos de corrupción contra ex autoridades del Golpe de Estado de 2019. el mejoramiento de la investigación anticorrupción mediante acuerdos interinstitucionales, incorporación de las TIC en la lucha contra la corrupción, decenas de capacitaciones al sector público del nivel central, departamental y municipal, el inicio de la implementación de políticas sobre Compliance en el sector privado, actualización del Decálogo del servidor público, incorporación de contenidos de ética en la curricula educativa en niveles primario y secundario además de la capacitación de más de 1400 maestros, actualización de manuales y guías para el control social, contrataciones públicas y otras herramientas de prevención. Son algunos pequeños ejemplos del acumulado histórico de políticas públicas implementadas.

La lista sería innumerable, pero es necesario recordar a la oposición boliviana la responsabilidad que tiene por privar al país de más avances anticorrupción por la desinformación y sabotaje realizado contra el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, lamentablemente la derecha obtusa en Bolivia apuesta por una sociedad menos transparente y tolerante a los delitos transnacionales, pero a pesar de ello y de ellos, los comprometidos con la Transparencia somos más.

Para Bolivia y el Gobierno de Luis Arce Catacora, la cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción y la lucha frontal contra este flagelo estructural del capitalismo, no son una “percepción” abstracta, son una realidad fehaciente.