La Fiscalía de Santa Cruz imputó formalmente al gobernador Rubén Costas, exautoridades y servidores públicos por la adquisición de 40 camionetas doble cabina, presuntamente la compra se hizo de manera ilegal con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) el año 2007. Desde la Gobernación ven una acción política en contra de Costas.

La denuncia fue presentada por la Contraloría Departamental de Santa Cruz en 2010. La Fiscalía Departamental formalizó la imputación en contra de Rubén Costas, Roly Aguilera, José Luis Parada y otros funcionarios por los presuntos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según una nota de prensa.

El documento precisa que los denunciados obviaron, además, realizar una licitación pública para la compra de esos motorizados y utilizaron al PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para la adquisición de los motorizados.

Por otro lado, parte de los vehículos habrían sido transferidos a otras unidades que no tienen relación con la atención de la seguridad ciudadana ni la atención de desastres, detalla la información entregada por la Procuraduría.

Por su parte, el director de Gestión de la Gobernación cruceña, Víctor Hugo Añez, rechazó  la acción legal y dijo que las acusaciones, que son de hace  seis años, fueron rechazadas y que un informe del IDIF dice que el proceso de adquisición se desarrolló de acuerdo a norma, con total transparencia y con un ahorro del 30 por ciento de costo comercial. Además, señaló que sólo buscan inhabilitar al "líder de la oposición” para las elecciones presidenciales de 2019.

"Nosotros vemos claramente una acción política del Gobierno dirigida a la persecución, denota un grado de revanchismo producto de los resultados del referéndum", manifestó el funcionario.