El fiscal Cássio Conserino acusó al expresidente Lula da Silva, a su esposa, Marisa Leticia, uno de sus hijos, Fabio Luís Lula da Silva, y otras 13 personas al entender que se habrían beneficiado del inmueble supuestamente utilizado como forma de soborno por la constructora OAS, una de las que actuó en la red de corrupción en torno a Petrobras. Lula da Silva es acusado de los delitos de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos.

El Instituto Lula, fundación que gestiona las comunicación del expresidente, emitió un comunicado en el que dice: "El expresidente Lula no es propietario ni del triplex en Guarujá ni de la finca en Atibaia. No cometió ninguna irregularidad, presentó su defensa y los documentos que lo prueban al fiscal Cássio Conserino. La denuncia solo refuerza la necesidad de que el Tribunal Supremo Federal (TSF) evalue la competencia de la investigación hecha por el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público de Sao Paulo”.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins,  también se pronunció y dijo que la intención del fiscal Cassio Conserino es dañar la imagen del expresidente. Los líderes de el Partido de los Trabajadores afirmaron a medios locales que todo el proceso busca evitar que Lula se presente como candidato en las elecciones de 2018.